El debate de la propuesta del PP para bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que finalmente no salió adelante, resultó más tenso de lo esperado. Un grupo de activistas y afectados de la plataforma Stop Sucesiones fueron desalojados de la tribuna de público después de recibir hasta tres advertencias de la presidenta de la Cámara, Blanca Martín.

Fue cuando las pantallas mostraron el resultado de la votación (36 en contra y 29 a favor), cuando los manifestantes se pusieron en pie y comenzaron a protestar. «Tanto que dicen de los bancos y es la Junta la que nos roba. Me van a echar de mi casa», afirmó uno de los asistentes. Se trataba de un miembro de una familia de Navalmoral de la Mata a la que la Junta le reclama 350.000 euros por la liquidación de la herencia de su padre más los intereses de demora desde el año 2009. Según explicó Jenifer Rebate, nieta del fallecido, la familia no dispone de recursos para hacer frente al pago del impuesto por la herencia de su abuelo, consistente en dos viviendas, un local comercial y una nave. En 2009 les reclamaban 181.000 euros que con los recargos se han convertido en 350.000 y la Junta no acepta los inmuebles como pago. «Nos van a echar a la calle a una familia de siete miembros, incluido un niño de tres años», afirmó ayer a las puertas de la Asamblea.

El presidente de la plataforma Stop Sucesiones en Extremadura, José Miguel González, explicó que al igual que esta familia, en Extremadura «hay mucha gente que está siendo desahuciada porque no puede pagar» (el Impuesto de Sucesiones) y se preguntó «si tan mal está la Junta que tiene que robar a las familias».

Stop Sucesiones celebrará una protesta en Mérida el próximo 7 de octubre a la que también asistirá el PP. Según González, en la región son ya 160.000 las firmas que piden eliminar el tributo y el colectivo ha pedido reunirse en varias ocasiones con la Junta, aunque «todavía no nos ha hecho ni caso», lamenta.