Populares y socialistas discrepan sobre los resultados de la aplicación de la ley de dependencia en la región. Mientras el PP tachó ayer de "fracaso" la puesta en marcha de esta ley por parte de la Junta y de "escasos" los ingresos de los trabajadores sociales en la región, el Ejecutivo regional aseguró que Extremadura cuenta con más de 30,2 nuevos millones de euros para la creación de recursos y servicios destinados a los 5.786 extremeños de grado III de gran dependencia que hay en la comunidad.
Además, el Ejecutivo añadió que el Servicio Extremeño Público de la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SEPAD), ente público adscrito a la Consejería de Sanidad y Dependencia, ya ha sido sometido a la consideración, entre otros, del Consejo Regional de Personas Mayores y del Consejo Regional de Discapacidad. No obstante, la diputada regional del PP Cristina Herrera puso ayer de manifiesto que los ayuntamientos extremeños "no tienen constancia real" de que se esté atendiendo a los grandes dependientes y que, en todo caso, son "muy pocos" los que disfrutan de este nuevo derecho social, "en torno a las mil o dos mil personas como mucho", aseguró la diputada popular.
