La Guardia Civil desmantela una banda dedicada a extorsionar a empresas que trabajan en obras civiles, a las que exigían diversas cantidades de dinero a cambio de proteger sus instalaciones. Los siete integrantes del grupo causaron daños o robaron en sus negocios ubicados en varias comunidades autónomas al no ceder al chantaje. Según informa el Instituto Armado, la operación Jach se saldó con la detención de estos siete miembros de la organización que amenazaron a empresarios de Madrid, Extremadura, Castilla y León y Portugal. Además, se esclarecieron 21 delitos y se intervinieron 49 cuentas bancarias por un valor de 400.000 euros.

Una denuncia presentada ante la Guardia Civil por los daños cometidos en la maquinaria de una empresa dedicada a realizar obras en el trazado del AVE, fue el punto de partida de las investigaciones. Con el desarrollo de las pesquisas se descubrió cómo los acusados ofrecieron a diversas empresas de Albacete y otras provincias limítrofes, servicios de vigilancia de la maquinaria en sus instalaciones. La banda, perfectamente estructurada, utilizaba a ciudadanos rumanos para cometer ataques al material de las compañías que se negaran a ceder a su extorsión.

Tras ello, los agentes averiguaron que los cabecillas de la organización usaban tres sociedades mercantiles para blanquear el dinero procedente de las extorsiones y dar cobertura a las facturas falsas que emitían a los empresarios por los servicios de vigilancia prestados.

Las investigaciones condujeron hasta un conocido clan familiar del poblado de Santa Catalina en el barrio de Entrevías de Madrid, cuyos miembros son "extremadamente peligrosos" y contaban con un amplio historial relacionado con el tráfico de drogas y numerosos delitos violentos.

La operación culminó con los registros domiciliarios practicados en el poblado de Santa Catalina y también en Malpartida de Plasencia (Cáceres), Móstoles (Madrid) y Azuqueca de Henares (Guadalajara) donde se encontraron cuatro armas de fuego, una pistola simulada, abundante munición, cerca de 6.000 euros en efectivo y diversa documentación.

El Instituto Armado no descata nuevas detenciones, aunque estudia si otros empresarios fueron víctimas de la extorsión. Los siete detenidos fueron puestos a disposición judicial.