Salvó el primer paso por muy poco y su tramitación no está siendo menos complicada. Las desavenencias entre PSOE y Podemos dejan en el aire la aprobación de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, una de las bazas electorales de Guillermo Fernández Vara para acabar con los desahucios en Extremadura. El texto, de cuyos visos inconstitucionales ha avisado el Consejo de Estado, contempla la expropiación temporal de pisos y sanciones a los bancos con casas vacías en pro de la función social de la vivienda.
«No tenemos muy buenas perspectivas de que se vaya a aprobar», dijo ayer la diputada de la formación morada Irene de Miguel, que lamentó «el veto» de la Junta al 30% de las aportaciones que ha formulado su grupo. Tras la reunión de la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales, De Miguel se quejó especialmente del rechazo del Ejecutivo a una enmienda que le exigía renunciar a los desahucios por impago en las viviendas sociales y criticó la «marea de contradicción permanente» en la que se mueve.
Al respecto, el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, negó tajantemente que la Junta esté aplicando este tipo de desalojos y aseguró que si se producen es «por conductas antisociales o delictivas» de sus inquilinos. García pidió «un esfuerzo» a Podemos porque si vota en contra, «evidentemente» el texto no saldrá adelante. «Podemos tiene que elegir entre el cien por cien de sus aspiraciones o conseguir una parte importante y que tengamos Ley de Emergencia Social de la Vivienda», dijo el socialista.
Para sacar adelante esta norma, el PSOE ha centrado la negociación en Podemos. Los tres grupos de la oposición rechazaban la ley de entrada (todos presentaron enmiendas a la totalidad, aunque ninguna se aprobó por la falta de un criterio unánime), pero el acuerdo era más factible con Podemos, que entiende que la ley que ha elaborado la Junta es «muy insuficiente» respecto a las que se tramitan en otras regiones. Por su parte, tanto el PP como Ciudadanos rechazan el texto por sus visos inconstitucionales, de los que ya alertó el Consejo de Estado en un informe: la ley afecta a la regulación del derecho a la propiedad, en este caso de la vivienda, y este solo compete al Gobierno porque de otra forma se vulneraría el principio de igualdad entre los españoles.
ENMIENDAS/ La Comisión de Sanidad y Políticas Sociales elaboró ayer el informe con las enmiendas parciales que se han presentado al proyecto de ley, que podría ir a pleno para su votación definitiva el día 26. Podemos ha formulado 34 enmiendas, de las que la Junta ha rechazado 11; el PP ha presentado 32, de las que se han aceptado 29; Ciudadanos seis y el PSOE una.
Tras criticar «el veto» de la Junta, Irene de Miguel explicó ayer algunas de las enmiendas que consideran «muy importantes»: que los servicios de intermediación se amplíen a los casos de desalojo por impago de alquileres privados, una línea de ayudas al alquiler para que los jóvenes puedan emanciparse o «verdaderas» sanciones a los bancos que mantengan las viviendas vacías, pues en el texto inicial aprecian recovecos a los que las entidades podrían agarrarse.
«Cuando uno no pone los recursos necesarios tanto económicos como humanos para que las leyes se lleven a cabo y sean efectivas, al final se quedan en papel mojado», advirtió De Miguel, que insistió en que Podemos, a la espera de conocer las enmiendas que finalmente se incorporarán, «no está muy satisfecho en el resultado que pueda tener la ley».
Por su parte, tanto las aportaciones del PP como las de Ciudadanos van encaminadas a corregir esa posible inconstitucionalidad de la ley. El voto definitivo de ambos también dependerá de las enmiendas que se aprueben, pero el diputado popular Saturnino López ya avisó: «si el PSOE asume las enmiendas de Podemos, la ley se radicalizará y será aún más inconstitucional». López explicó que su grupo defiende la erradicación de los desahucios en Extremadura, pero abogó por articular medidas distintas y sobre todo sortear las partes de la ley que el Consejo de Estado dice que son inconsitutucionales.
En esa línea, plantean el fomento de los alquileres sociales, ayudas a la rehabilitación, la renegociación de los préstamos hipotecarios o la expropiación de suelo para aplicar nuevos planes de vivienda protegida, si bien estas dos últimas ya han sido rechazadas por la Junta. «De seguir como está planteada, el Gobierno se verá en la obligación de llevar la ley al Tribunal Constitucional y su aplicación se suspendería en aquellos aspectos que el Consejo de Estado considera inconstitucionales, que son los más importantes de la ley», dijo López, que recordó que ya en Andalucía, Canarias, País Vasco y Navarra se aprobaron leyes similares y luego no se pudieron aplicar.
