Regularizaba la situación de los extranjeros en España de manera ilegal y acaba de ser descubierta tras meses de investigación. Una empresaria de la Vera ha sido detenida por la Guardia Civil como integrante de una red dedicada a legalizar la permanencia de ciudadanos marroquís en el país a los que vendía contratos de trabajo y facilitaba la residencia.
Es el resultado de la investigación puesta en marcha a finales del 2009 por el Servicio de Información de la Benemérita que ha descubierto el entramado ilegal. La trama funcionaba primero recopilando marroquís en situación irregular a través de un ciudadano de la misma nacionalidad, que ya ha sido identificado por la Guardia Civil, a quienes ponía en contacto con diversos empresarios.
Una vez regularizada la situación laboral mediante el contrato, imprescindible en la actual legislación de extranjería y por el que llegaban a pagar de 3.000 a 12.000 euros, al inmigrante se le obligaba a abonar al empresario las cuotas que este debía pagar en concepto de Seguridad Social, aumentando con ello la precariedad económica de los afectados, "que en algunos casos se veían obligados a vender sus escasos bienes", asegura la Guardia Civil en una nota.
Por ahora solo hay una detenida, que ha pasado a disposición en el juzgado número 2 de Navalmoral de la Mata, pero no se descarta la implicación de más empresarios de la Vera y otras provincias por las decenas de afectados que estiman.
Asimismo, los agentes investigan otras posibles irregularidades como venta de peonadas para cobrar la renta y el subsidio agrario. --Hasta el momento eran 35 las jornadas que debían reunir los trabajadores del campo para acceder a estas prestaciones por desempleo, que ahora el Gobierno ha rebajado hasta 20 en Andalucía y Extremadura por los daños al sector--. También indaga posibles empleados extranjeros sin el documento laboral.
UN MERCADO "HABITUAL" Este nuevo entramado descubierto es solo el último de una actividad que se está convirtiendo en habitual entre pequeños empresarios, alertaba hace unos días una abogada especialista en extranjería. Un mercado que aprovecha las circunstancias de muchos inmigrantes para lucrarse. Otro caso reciente en la región fue descubierto el pasado año por agentes de la policía, que desarticularon un grupo de seis españoles que se dedicaban al tráfico ilegal de extranjeros en Badajoz, en esta ocasión, procedentes de Colombia y República Dominicana. Con un modus operandi similar, se los introducía en el país de forma ilegal mediante contratos falsos por los que pagaban 5.000 euros.
Esta actividad puede suponer hasta cinco años de cárcel. Es la pena que la Audiencia de Cáceres impuso en marzo al exsecretario del subdelegado del Gobierno en Extremadura, Constancio Alvarado, y a dos socios por cobrar de 300 a 2.000 euros a inmigrantes a cambio de contratos falsos en el 2005. Todos acusados de delitos de estafa y falsedad documental.
