Tan sencillo como ir a cualquier armería, acreditar la mayoría de edad, elegir el modelo y pagar. Así de simple resultaba hasta ahora comprar un arma de fogueo (conocidas también como detonadoras o de salvas), y sobre las que ha existido escaso control hasta hace poco más de seis meses, en teoría, porque son armas que pese a que pueden tener acabados de calidad que las hagan parecer armas reales, son en realidad réplicas que no sirven (a priori) con munición real o de fuego ya que no permiten el disparo de cartuchos cargados con proyectil.
La situación, sin embargo, ha cambiado después de que el Ministerio del Interior modificara el pasado octubre la normativa habida cuenta de que «en los últimos años se ha producido en España un aumento alarmante del empleo de este tipo de armas en ámbitos cercanos a la delincuencia e incluso en la comisión de delitos violentos», según recoge la Orden 1008/2017 que desarrolla el régimen aplicable a las pistolas y los revólveres detonadores, que otorgaba un plazo de seis meses para que todos aquellos que hubieran adquirido una de estas armas la regularizara o la entregara a la Guardia Civil.
Como consecuencia, la mitad de los extremeños que tenían detonadoras han optado por deshacerse de ellas entregándolas a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Extremadura, según los datos de este organismo. De los 225 revólveres y pistolas detonadoras que se han regularizado en los seis meses que dio el Ministerio del Interior de plazo (expiró el pasado 24 de abril) hay 114 que han sido entregadas al cuerpo para que sean destruidas como chatarra. De las que se han legalizado, la inmensa mayoría lo han hecho como una pieza de coleccionista (105), otras cuatro están regularizadas como armas empleadas para actividades deportivas, y hay dos documentadas para su uso en filmaciones cinematográficas y artes escénicas, tres de los usos para los que ahora se permite la adquisición de las armas de fogueo, siempre que se cumplan todos los requisitos en cuanto a licencias y permisos como sucede con cualquier arma de fuego ordinaria.
«Las hemos tenido, pero desde que entró la nueva normativa en vigor ya no las vendemos porque se necesitan muchos requisitos para venderlas», explican desde la armería World de Cáceres, la única de la ciudad que hasta hace unos meses tenía en sus estanterías este tipo de armas. «¿Para qué las vamos a traer ya si no las va a querer nadie ahora con tantos requisitos como hay que cumplir?», plantean en este establecimiento.
Al igual que en Cáceres, en Badajoz, tampoco es posible acceder ya a este tipo de armas en las tiendas autorizadas. «Las hemos tenido, pero ya no las vendemos más que si viene alguien con alguna de las licencias que lo permiten y bajo pedido», indican en la armería Udaondo, la única que funciona en la ciudad.
Nuevas limitaciones
Las restricciones aprobadas por el Ministerio del Interior son las que han determinado que los pocos establecimientos que accedían a venderlas optaran por dejar de hacerlo puesto que, según explican, con la cantidad de requisitos que ahora se exigen (equiparados a las armas de fuego) la gente ya no se interesa por adquirir un arma detonadora. «Antes bastaba con acreditar la mayoría de edad con el DNI, pero ahora se requiere estar federado, sacar una licencia F de armas o tener una rehala para el adiestramiento de perros... son tantos requisitos que no es rentable comprar un arma de fogueo, que te puede costar unos 120 euros. Te gastas más en los permisos que en el arma», explican en la armería cacereña.
Desde la Guardia Civil asumen que antes de la entrada en vigor de la orden de Interior «no existía una trazabilidad desde la adquisición de este tipo de armas por parte de particulares», puesto que esta se realizaba demostrando la mayoría de edad en las armerías o establecimientos autorizados. Se desconoce por tanto la cifra exacta de las armas existentes en Extremadura, aunque establecimientos como la armería World sí manejaban un registro propio que asociaba el número de serie de cada una de las detonadoras que vendieron con los datos identificativos de los compradores. «Y les advertíamos además de las consecuencias que podría tener si la perdían o se la robaban, puesto que ellos figuran como propietarios» recuerdan.
El escaso control que había hasta ahora es precisamente lo que disuadía a otros establecimientos de vender detonadoras antes de aprobarse la restricción actual. «Podía traer problemas, por eso nunca las hemos vendido», señalan en la Armería Alejandro, también de Cáceres.
Esos problemas radican en que muchas de estas armas «eran después modificadas para hacerlas compatibles con fuego real», según confirman fuentes del sector. Y eso las ha convertido en protagonistas de hechos delictivos que han obligado al Ministerio del Interior a estrechar el cerco sobre su tenencia «por razones imperiosas de seguridad ciudadana» y autorizar su venta únicamente con permisos específicos y para actividades concretas: adiestramiento canino profesional, actividades deportivas, espectáculos públicos y actividades recreativas, filmaciones cinematográficas o artes escénicas o con fines de coleccionismo.
Para quienes no hayan regularizado la situación de estas armas, se incurriría en una infracción grave, que podría acarrear sanciones de entre 601 y 30.000 euros.
