El Estatuto de Extremadura comenzará el próximo miércoles, 1 de diciembre, su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados con la convocatoria de la Ponencia de la Comisión Constitucional, encargada de la proposición de reforma, después de que los dos grandes partidos hayan cerrado un acuerdo sobre los flecos pendientes.

Más de un año después de que la propuesta de reforma del Estatuto llegara a la Cámara Baja con el aval de socialistas y populares, que dieron su visto bueno a la norma en la Asamblea autonómica, los dos partidos habían pactado un pequeño paquete de enmiendas al texto, casi todas de carácter técnico, que no modifican en lo sustancial la propuesta de reforma.

Pero también han conseguido alcanzar un acuerdo con respecto al principal obstáculo en la negociación que ha impedido la convocatoria de la Ponencia hasta ahora y que se refiere a la disposición adicional segunda del texto, la cual compromete al Estado a dedicar cada año a Extremadura una inversión complementaria equivalente al 1 por ciento del PIB regional, una inversión que se mantendrá hasta que el PIB por habitante de la comunidad se equipare al de la media española.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional interpretó en su sentencia sobre el Estatuto catalán una disposición similar que establecía que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del PIB regional con relación al del Estado para un período de siete años.

Este escollo en la tramitación del Estatuto, el noveno que llega al Congreso desde 2004, ha sido solventado con un acuerdo entre PP y PSOE, ya que han encontrado una "fórmula convincente", según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, si bien no han especificado cómo quedará la redacción final de esa disposición adicional segunda.

No obstante, estas fuentes han explicado que el contenido podría ser similar al de la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, que indica que el gasto de inversión del Estado en esta comunidad autónoma deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial y que será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años. También establece la constitución de una Comisión integrada por la Administración estatal y autonómica para este fin.

Las reuniones de la Ponencia son a puerta cerrada y, una vez que se concreten todas las enmiendas al texto, la tramitación del Estatuto pasará a la Comisión Constitucional, donde se debatirá y aprobará un dictamen que se elevará al Pleno del Congreso para su votación, en la que se requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara dado que el Estatuto tiene rango orgánico.

Los grupos parlamentarios esperan que el Congreso culmine su labor antes de fin de año para que el Senado disponga del texto al inicio del próximo periodo de sesiones (febrero) y pueda tramitarlo antes de Semana Santa para su entrada en vigor antes de las autonómicas de mayo.