Un centenar de personas salieron a la calle ayer en Mérida, en el Día Internacional de los Refugiados, para mostrar su solidaridad con estas personas, para pedir que se respeten los derechos humanos y los compromisos internacionales, además de denunciar el racismo y la xenofobia que se da en varios países europeos.

La concentración, que tuvo lugar en la puerta del consistorio emeritense, contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna; el director de la Agencia Extremeña de Cooperación y Desarrollo, Ángel Calle; la coordinadora de la Fundación Cepaim local, Virginia Roma; y alumnos del IES Albarregas, entre otros.

Según explicó Calle, este acto pretende poner en valor la importancia que tiene la legalidad internacional, que ya se esta empezando a cumplir en España y que la Junta de Extremadura venía exigiendo hace más de tres años.

A su juicio, es una obligación por parte de los estados miembros de la UE y no una cuestión de «buenismo» para acabar con el drama de los refugiados. En este sentido, destacó que ante la situación del barco Aquarius se han dado dos modelos. El de países como Italia, con movimientos y políticas racistas y xenófobas que cierran sus puertos a un barco con 639 inmigrantes a bordo a apunto de morir, que incumplen la legalidad internacional.

Mientras que el otro modelo, aseguró, es la iniciativa del nuevo Gobierno español, que ha asumido su rol internacional sin ser esta respuesta algo extraordinario, dado que es algo que deberían tener todos los países como un deber.

También indicó que nadie pondría en duda que si esas personas en vez de ser «refugiados empobrecidos» fueran gente de clase media-alta que viajarán en un yate de lujo.

Ningún puerto de ninguna nación cerrarían sus puertas para poder ayudarlos, recalcó. Además, se refirió a la trascendencia tan positiva que tiene que algunos alumnos se sumaran a la concentración de ayer y que estén comprometidos con la causa con un «espíritu crítico».