Cerca de 10.000 extremeños dejarán de pagar el impuesto de patrimonio la próxima legislatura después de que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy hayan anunciado la intención de sus partidos de suprimir el tributo en todo el estado. La medida beneficiará en España a más de 950.000 personas que declaran un patrimonio superior a los 182.182,18 euros anuales (excluida la vivienda habitual hasta 150.253,03 euros).

¿Quién pierde entonces con la medida? De momento, la única incertidumbre es para las comunidades autónomas, dado que la totalidad de lo que recauda el Gobierno va a parar a ellas: 1.412 millones de euros en el 2006. Por este concepto, la Junta de Extremadura ingresó 9 millones de euros el último año. Tanto Zapatero como Rajoy han asegurado que el Estado compensará a las autonomías por esta perdida de ingresos, pero no han aclarado exactamente cómo. El problema no es sustancial por cuanto este tributo apenas representa el 1,23% de su financiación.

En Extremadura, el Ejecutivo autonómico elevó en el 2005 el mínimo exento para las personas con minusvalía, de acuerdo con una escala que atiende específicamente el grado de discapacidad.

Aunque la idea generalizada es que este impuesto grava a los ricos, lo cierto es que hay indicios que apuntan a que no exactamente así. Un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales alerta de que, en la práctica, solo pagan este tributo las clases medias mejor situadas, ya que el patrimonio empresarial (el de mayor valor) está exento y la vivienda disfruta de deducciones importantes.

El impuesto de patrimonio mantiene su formulación y sus características desde el año 1991. Se creó con el objetivo de tener una especie de registro de las fortunas de los españoles. Esta pretensión tenía su lógica tributaria: los ciudadanos pagan por lo que ingresan o por lo que gastan, pero si tienden a ocultar ingresos la mejor manera de detectarlo es conocer su patrimonio. Es decir, buscar la contradicción entre escasos recursos y buen nivel de vida. Por su puesto, a esta teoría acompañaba el lógico afán recaudatorio que ahora se quiere eliminar.