Un alumno de la concertada le cuesta al Estado 3.000 euros al año, mientras que otro de la pública supone más del doble, unos 7.000 euros anuales. ¿El motivo? Está infradotada, de manera que es una educación muy rentable para el Gobierno. Y nosotros tenemos el mismo derecho que los demás padres a elegir qué modelo queremos para nuestros hijos. Los ataques que recibimos son ideológicos». Es la reflexión que hace Javier Monserrat, coordinador general de la Federación de Enseñanza de USO, cuando se abre el debate sobre la financiación a centros públicos de titularidad privada.
La Junta de Extremadura ha recibido numerosas críticas durante el pasado curso sobre el trato que se le da a esta fórmula, la cual es cuestionada continuamente por los sectores de la sociedad que consideran que la apuesta del Estado ha de ser únicamente el modelo público (que debe contar con más recursos que lo doten de mayor calidad). Pero hay otras voces que defienden «la pluralidad», tal y como lo definen, y exigen que se acabe «con el afán destructor de la concertada». Además de USO, el sindicato FSIE y el PP, entre otros, apoyan sin matices este tipo de escuela con un argumento basado en la «libertad de elección» y asegurando que Extremadura ejerce una actitud discriminatoria en este sentido.
LOS DATOS / Pero más allá de los reproches y desencuentros, los datos que maneja el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reflejan una realidad concreta: el dinero público destinado a este modelo en la comunidad se ha incrementado en una década. Las cifras más recientes dadas a conocer dicen que de 2005 a 2015, esta subvención ha crecido casi un 30% en la región, pasando de unos 60 millones de euros a 84 millones. Esto significa casi el 10% del presupuesto total que se envía a educación no universitaria (la cifra rondaba los 870 millones de euros en 2015).
No obstante, el porcentaje extremeño está por debajo de la media nacional, ya que el incremento global ha sido de más del 40% en estos diez años (el montante que se destina a la concertada en España ya supera los 5.700 millones anuales). Y hay comunidades como País Vasco, Madrid o Navarra que dedican hasta el 25% del presupuesto de educación a este modelo de escuela.
ARMA POLÍTICA
Lo cierto es que esta fórmula se ha convertido en Extremadura en una habitual arma política que enfrenta a la Junta y al PP. A finales del pasado mes de julio, la portavoz popular en la materia, Pilar Pérez, acusaba al Ejecutivo regional de haber roto los acuerdos. «Se ha sustituido el consenso por el sectarismo ideológico, y lo hemos visto de manera reiterada con la enseñanza concertada», aseguraba.
El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, contestaba que en la región «se le da el mismo trato que a la pública». Y añadía que todo responde a «una campaña del PP».
La polémica continuará al inicio de curso, ya que se suprimirán unidades tanto de la pública como de la concertada.
