No han obtenido respuesta de la Consejería de Educación y Empleo y han dado un paso más. Un grupo de opositores (interinos y de nuevo ingreso) de la especialidad de Física y Química ha presentado una treintena de recursos de alzada ante la administración educativa contra la resolución de las listas definitivas de aprobados por haber «irregularidades» en el proceso selectivo que se llevó a cabo el pasado 23 de junio y solicitan que se subsanen. Nada más publicarse los resultados, solicitaron a la consejería tener acceso a los expedientes y actas de todo el proceso. No hubo respuesta a su demanda y el grupo ha decidido continuar su lucha. En estos recursos de alzada, el último paso de la vía administrativa, urgen a la consejería revisar el proceso selectivo. Los motivos son dispares. Entre ellos, los opositores denuncian que el examen era en forma y contenido «imposible de realizar en dos horas, seguro que nadie hizo tal prueba piloto». Apuntan además que la presentación del examen era «totalmente indecente» porque, denuncian, no tenía márgenes, «todo estaba apelotonado» y con una letra tan pequeña que era «casi ilegible».

A la oposición de esta especialidad se presentaron 274 aspirantes de los cuales solo seis aprobaron los dos ejercicios de la primera parte, pero finalmente pasaron 55 personas al conseguir una media de un 5 entre ambos ejercicios. Y en la segunda parte solo 43 opositores lograron hacerse con algunas de las 65 plazas ofertadas, lo que supone que 22 plazas se quedaron desiertas. «Eso ya es un hecho llamativo», indican.

El desarrollo de los diversos ejercicios así como la revisión posterior de los exámenes resultó un proceso «poco serio, un tanto irrisorio, desigual, arbitrario, injusto e irregular en varios puntos, empezando por su propio diseño», critican. Y esto es lo que se explica y argumenta en esa treintena de recursos en el que cada opositor añade su casuística particular. «Hay quien pide la impugnación de alguna pregunta o de todo el ejercicio práctico o la nulidad del proceso en su globalidad puesto que su diseño se muestra no conforme a los términos legales oficialmente publicados».

La consejería tiene ahora un plazo de tres meses para responder a estos requerimientos y los opositores no descartan acudir a la vía judicial. El colectivo critica además el sistema de selección. «Las pruebas no están diseñadas para la búsqueda de los mejores docentes para dar la correspondiente calidad educativa al sistema, ni respetan el anonimato». Este grupo se ha constituido en una plataforma que pretende ir más allá de las últimas oposiciones con el objetivo de defender unas condiciones justas en la docencia pública.