Obtener un dinero extra es una de las razonas que lleva a muchas mujeres, "sobre todo estudiantes universitarias", a interesarse por la posibilidad de donar sus óvulos a cambio de unos 900 euros de compensación, según establece la ley de reproducción asistida. Una cantidad que pagan las clínicas privadas y que es contraria al sector público, que para realizar alguna técnica con donantes tiene que ser previamente la pareja la que realice el desembolso. Pero esta situación podría variar si finalmente llega a buen puerto un decreto de la Junta de Extremadura, que actualmente se encuentra en revisión jurídica, que pretende financiar esta donación, y la de semen --recompensada con 50 o 60 euros-- en el sector público, según explica el director del Centro de Reproducción Humana Asistida del SES, Francisco García. Un decreto, del que no se ha querido dar detalles hasta su aprobación.
Pero si este dictamen regularía la donación de embriones, un registro de donantes permitiría cerciorar que la última ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida se cumple. Una exigencia legal plasmada en la anterior norma de 1988 que no se ha llegado a cumplir en 21 años y que ahora parece que el Ministerio de Sanidad podría tener lista en primavera.
El objetivo de este registro es controlar que una misma persona no done espermatozoides u ovocitos en más de seis ocasiones, como marca la ley, para evitar problemas de consanguinidad y su comercialización. Según García, su puesta en marcha es "muy complicada en las 17 comunidades, sobre todo al unir centros públicos y privados", pero es un herramienta estupenda para hacer cumplir la ley, dice.
