Dos años tras el ´fraude del higo seco´

De aquella primera detención se derivó la apertura de un proceso judicial en el Juzgado 2 de Trujillo. Fue el primero, pero no sería el único, pues a aquel le siguió otro en el Juzgado de Jerez de los Caballeros y a éste, y precisamente por otros hechos presuntamente delictivos que desvelaría la documentación incautada en las sedes de Coag y la Cooperativa Iniciativa Rural que por entonces manejaba Cortés, la apertura de otros dos procesos en juzgados de Mérida y Cáceres.

La investigación continua en todos ellos --salvo en Trujillo, que ha concluido-- y en la instrucción de estas causas se ha producido una reciente novedad. La Tesorería General de la Seguridad Social se ha personado en todos los procesos judiciales abiertos en la región contra el exdirigente agrario Luis Cortés Isidro. "Ante las fundadas sospechas de que puedan haberse cometido delitos contra la Seguridad Social de bastante importancia, en todos los procesos en los que están implicadas Coag o Iniciativa Rural se está personando directamente el letrado Angulo, abogado jefe de la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid", han indicado a EL PERIODICO fuentes jurídicas.

Pero al margen de este hecho, en la actualidad, dos años después de la primera detención del exdirigente agrario Luis Cortes por presunto fraude en el cobro de ayudas agrarias, ¿en qué situación se encuentran las cuatro causas judiciales que se instruyen por otros tantos juzgados de la región con Cortés como principal imputado? Es una cuestión que muchos se plantean.

Trujillo, pendiente solode la fecha del juicio

El Juzgado número 2 de Trujillo, primero que abrió una causa con Cortés como imputado, concluyó la instrucción en mayo del año pasado, 16 meses después de iniciarla, y se está tan solo a la espera de que por el Juzgado de lo Penal de Cáceres, donde tendrá lugar el juicio, se fije la fecha para su celebración. Será, con toda probabilidad, en septiembre próximo, pues según indicó el juez titular no podrá ser antes al suponer este juicio la paralización de este juzgado durante al menos dos semanas.

Este proceso se derivó de una denuncia de la Consejería de Agricultura ante la Guardia Civil por presuntas irregularidades en subvenciones al fondo europeo destinadas al almacenaje y compensación de higos secos en la campaña 1998-1999. La cantidad presuntamente defraudada con el cobro irregular de ayudas se fija en un millón de euros.

Se detuvo a 15 personas, pero tras la investigación la juez solo imputa a Luis Cortés, excoordinador regional de Coag, y a José Javier García Cuadrado, expresidente de la Cooperativa Iniciativa Rural. A ambos se les acusa de un delito de fraude a la hacienda de las comunidades en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que tanto el fiscal como las diferentes acusaciones piden para cada uno de ellos una condena de 4 años de prisión.

Jerez, a la espera dela calificación fiscal

Casi de forma paralela al proceso de Trujillo se abrió otro en el Juzgado de Jerez de los Caballeros, iniciado éste a instancias de la Fiscalía de Badajoz tras las denuncias de numerosos agricultores presuntamente estafados, a través de la Sociedad Iniciativa Rural, con las ayudas del sector del higo. Se cifra en 600.000 euros la cantidad estafada y en 250 el número de afectados. --Por esta causa Luis Cortés estuvo en prisión entre el 8 de junio y el 19 de julio del año pasado, fecha en que la juez decretó su puesta en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros--.

La investigación en este juzgado, por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, fraude a las subvenciones europeas y delitos societarios, se abrió a finales de enero del 2005 y hoy, tras las tomas de declaraciones llevadas a cabo por el juez en los tres últimos lunes de enero a un total de 23 personas, la mayoría trabajadores de Coag y de Iniciativa Rural, y de otras organizaciones que tenía Cortés, está ya prácticamente concluida.

Se espera ya a que el fiscal califique los hechos, determine a quienes acusa de las 32 personas imputadas por el Juzgado --Cortés, familiares de éste, funcionarios, agricultores, trabajadores de Coag, y directores y empleados de entidades bancarias--, de qué delitos les acusa y qué penas solicita para cada uno de ellos. Tras el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, y los respectivos escritos de las acusaciones particulares y de las defensas, el Juzgado dará por cerrada la instrucción y solicitará la apertura del juicio oral.

Mérida, sigue aúnbajo secreto sumarial

La causa que instruye el Juzgado número 4 de Mérida es, así lo aseguran fuentes jurídicas cercanas al caso, el más importante. Se inició a raíz de las irregularidades detectadas en la documentación intervenida con motivo de la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Jerez, y en él se implica, de momento, a una veintena de personas por la presunta organización de falsos cursos de formación para desempleados al objeto de poder cobrar las ayudas que para éstos establece el Fondo Social Europeo.

En un principio se cifró en 9 millones de euros la cantidad presuntamente defraudada, pero por la investigación llevada a cabo hasta ahora, y según ha podido saber este diario --la causa sigue bajo secreto sumarial-- parece ya demostrado que superará los 12 millones.

Precisamente en las últimas declaraciones de imputados en el Juzgado de Jerez, a las que ha tenido acceso EL PERIODICO, ha salido a la luz este presunto fraude de Cortés a las ayudas formativas. Así han reconocido que como trabajadores (de Coag, Iniciativa Rural...) se dedicaban a "dar cursos y percibir por ellos subvenciones del Fondo Social Europeo, del Sexpe y de la Consejería de Agricultura entre otras"; que "no han hecho cursos, o que han hecho cursos y no los han cobrado"; que Luis Cortés les "pagaba diciendo que ese dinero era por formación, pero que no impartían ningún curso"; y negado, en otros casos, que formen parte de esas organizaciones aunque en la documentación intervenida figuren y estén inscritos.

Cáceres, presuntofraude en contratos

La última causa judicial abierta contra Luis Cortés la instruye el Juzgado número 3 de Cáceres. En él se están empezando las investigaciones --de momento solo se ha llamado a declarar al interventor judicial de la Cooperativa Iniciativa Rural-- por presuntas peonadas falsas y por fingir la contratación de desempleados para obtener las subvenciones que para el fomento del empleo tienen diferentes organismos.

En un principio se ha fijado en un centenar los falsos contratos a parados y en unos 300.000 euros la cantidad que habrían defraudado al Sexpe y al Plan Experimental del Inem.