Las cajas de ahorro extremeñas no se han adaptado aún a la nueva Ley Financiera, que establece, entre otras cosas, el cambio de sus estatutos, a pesar de que el plazo fijado por el Gobierno central finalizaba el pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Fuentes de Caja Badajoz han explicado a EL PERIODICO EXTREMADURA que "se va a estudiar" esta cuestión en una asamblea general que se celebrará el 13 de junio; mientras que Caja Extremadura espera a que la Junta adapte su propia legislación, aunque asegura que no está obligada por esta normativa.
Esta nueva ley tiene como objetivos fundamentales asegurar que el ordenamiento jurídico no imponga trabas innecesarias que coloquen a las entidades financieras en desventaja frente a sus homólogos comunitarios, asegurar que el incremento de la competencia y la utilización de las nuevas tecnologías no den lugar a una desprotección de los clientes de servicios financieros, y mejorar las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, obliga a las entidades financieras a contar con un departamento o servicio de atención al cliente para resolver las quejas o reclamaciones, impone normas de transparencia en las operaciones a los directivos, administradores y empleados, la duración del mandato de las Cajas no podrá superar los doce años, y tener la autorización de los gobiernos autónomos afectados cuando se produzca una fusión entre cajas de ahorros que tengan sus sedes sociales situadas en diferentes comunidades.
REACCION DEL GOBIERNO
La Ley Financiera establece una multa de hasta el 1% de los recursos propios de las entidades de crédito o hasta 300.000 euros para las infracciones muy graves; multa de hasta el 0,5% o hasta 150.000 euros para las graves.
La incógnita ahora es cuál será la reacción del Gobierno ante la situación creada. La Ley Financiera, a aprobada a finales de noviembre, establece que el Ejecutivo puede imponer a las entidades el reglamento que estime conveniente si éstas no han reformado sus estatutos dentro de los plazos predeterminados. Las casas, sin embargo, podrían argumentar en su defensa que, al haber coincidido con las elecciones, la renovación de sus órganos de Gobierno no puede producirse hasta que no estén constituidos los nuevos gobiernos autonómicos o municipales.
El proceso tampoco se ha puesto en marcha o se encuentra paralizado en Canarias, Galicia, Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha. Por el contrario, entre las primeras en adaptarse están las cajas de ahorro de Cataluña, Asturias y Madrid.
