El llamamiento realizado el jueves por la Delegación del Gobierno en Extremadura para proceder al desalojo de los rumanos asentados ilegalmente en la zona de Santa Marta ha tenido respuesta. El propietario de la finca Las Canteras, en la que se encuentran los asentamientos, presentó ayer una denuncia en el juzgado de Almendralejo, aunque, hasta el momento, según han confirmado desde la propia Delegación del Gobierno, el juez no ha tomado una decisión.

Como ya indicó la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, esta era una de las medidas necesarias para poder iniciar el desalojo de los campamentos, a fin de paliar los problemas de convivencia e inseguridad que se están generando en el municipio pacense como consecuencia de la presencia masiva de ciudadanos rumanos, más de 1.500, que han llegado a la zona atraídos por el comienzo de la vendimia.

Además, el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez, aseguró ayer que se ha incrementado la presencia de la Guardia Civil y que se han iniciado las inspecciones en los centros de trabajo anunciadas el jueves por Pereira. El objetivo de esta campaña es vigilar los lugares en los que se sospeche que se pudiera estar contratando mano de obra irregular.

EL RESULTADO Según el edil, hasta el momento no hay constancia de que los responsables de la Inspección de Trabajo hayan detectado situaciones irregulares, pero los problemas podrían surgir a partir del lunes, cuando empieza la vendimia.

Vázquez, sostiene que la situación en la que se encuentra el municipio es complicada. La llegada masiva de estos inmigrantes, asegura el alcalde, ha desbordado la capacidad de una localidad de 4.200 habitantes y ha provocado ciertos problemas de higiene y seguridad pública como consecuencia de intimidaciones y pequeños hurtos a los vecinos, quienes han mostrado estos días su malestar por todo lo que está ocurriendo.

No obstante, Pereira ya reconoció que el problema surgido en Santa Marta no es nuevo y que en la provincia de Badajoz existen otros diez municipios en los que también hay asentamientos de este tipo. Esta situación, insistió, se ha agravado en los últimos años por el denominado efecto llamada y por algunos empresarios del sector agrario que realizan contratos irregulares a ciudadanos rumanos para las campañas de recolección de ajos y uvas.

Desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) coincidían ayer también en las críticas hacia determinados empresarios agrícolas, "cuya actitud es la base del problema". Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Oficina de Inmigración de Adhex, señaló que la situación no es nueva y que ya se ha denunciado en varias ocasiones.

Cercas incidió en la necesidad de que los propietarios de las fincas pongan el caso en conocimiento del juez y destacó que cuando los campamentos se desmantelen "habrá que vigilar también qué pasa con los menores que se encuentran en ellos".

De igual forma, desde Adhex insistieron en que, a pesar de las campañas llevadas a cabo por la Administración, todavía existe una importante desinformación sobre el tema.

También desde el sindicato UGT Extremadura se ha responsabilizado de esta situación a los empresarios que no piden en tiempo y forma temporeros extranjeros para las campañas.