La Confederación Estatal de Ecologistas en Acción se ha personado en la causa judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Zafra por un supuesto delito ecológico cometido en la mina a cielo abierto de Aguablanca, en el término pacense de Monesterio.
La causa, que actualmente se encuentra en periodo de instrucción, se abrió tras una denuncia de la propia organización ecologista realizada en el mes de abril del 2003, en la que aseguraban que se habían cometido "múltiples irregularidades y daños al medio ambiente" por parte de la empresa explotadora, la canadiense Río Nárcea Goldmines, en el citado paraje.
El responsable de Ecologistas en Acción en Extremadura, Pablo Ramos, aseguró ayer que si el juez estima que existe delito "pasará a la Audiencia Provincial, en donde también lo cogerán nuestros abogados" . Ramos recordó que desde la organización ecologista se han presentado más de una decena de denuncias ante diferentes administraciones, en las que se aportaban pruebas gráficas.
En su momento, la organización ya criticó públicamente la actuación "irregular" del entonces director general de Medio Ambiente, Leopoldo Torrado Bermejo, del que aseguran hizo "caso omiso" de las múltiples denuncias por infracciones a la legislación ambiental que se producían.
SIN AUTORIZACION Los ecologistas sostienen que las tareas que la citada empresa estaba realizando sin autorización, y que consistían en desbroces, arranque de arbustos y encinas, movimientos de tierras, captaciones de aguas no autorizadas, contaminación de acuíferos y vertido de residuos, afectaban directamente al medio ambiente.
La organización también recuerda que la zona tenía un estado de conservación "excepcional", que constituía el hábitat de especies como el lince ibérico y en donde nidificaban la cigüeña negra y el águila culebrera.
