Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, entre otras organizaciones, han presentado un recurso contra la decisión del Ministerio de Energía de autorizar un Almacén Temporal Indidivualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz al considerar que la medida es «ilegal» por no haber sido consultado a Portugal. A juicio de las organizaciones, esta consulta es preceptiva de acuerdo con varios tratados internacionales y directivas europeas.
El portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, advierte de que si el recurso de alzada no fuera atendido por el ministerio, las organizaciones ecologistas recurrirían a los tribunales ordinarios y presentarían un recurso contencioso administrativo.
Estos tratados instan a informar a los países terceros afectados y a tener en cuenta las alegaciones cuando se solicite. Además, ha añadido que varias directivas de la Unión Europea «insisten en lo mismo», que es preciso tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un almacén de combustible gastado.
En este contexto, recuerda que Portugal se ha dirigido «al menos dos veces» al Gobierno de España para interesarse y pedir información sobre el ATI de Almaraz. Castejón lamenta que a pesar de que el Ejecutivo luso cumplió con el trámite de mostrarse como parte interesada, España no remitió la información preceptiva para que pudiera presentar alegaciones, como a su juicio se demuestra en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2016.
