La economía sumergida en Extremadura asciende a 3.500 millones de euros, lo que representa el 2% de la bolsa de dinero negro en España, según el informe de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) y referido tanto al fraude fiscal como al de la Seguridad Social. Según la agencia Efe, en el resto del país, esta economía se sitúa en el 23% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone un montante de 208.000 millones de euros. Estudios de varios organismos, como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la Unión Europea colocan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20 y el 25 por ciento del PIB. El estudio de GESTHA, realizado a partir de la extrapolación de esa estimación a las provincias tomando como base los últimos datos provinciales de PIB disponibles, según el INE, apunta que la provincia extremeña que concentra el mayor volumen de economía sumergida es Badajoz, con más de 2.100 millones de euros, el 60 por ciento, mientras que Cáceres cuenta con una bolsa de fraude cercana a los 1.400 millones de euros. Una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía extremeña está relacionada directamente con las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 114,6 millones, el 13,3 por ciento, se localizan en Extremadura. En este sentido, los técnicos de Hacienda estiman que el 78 por ciento de los arrendamientos localizados en Extremadura son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 25.000 alquileres sumergidos en la comunidad extremeña, lo que representa el 2,5 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país. Este colectivo cifra en 29 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en esta comunidad derivadas del arrendamiento de vivienda. Asimismo, el estudio de GESTHA revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. Actualmente, el 95,7 por ciento de las compañías asentadas en Extremadura que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros -más de 900 sociedades- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros. Por otro lado, los técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 26 por ciento en Extremadura en 2007, según datos de Faconauto, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron "paradójicamente" un comportamiento bajista con descensos del 4 por ciento en Badajoz y del 3 por ciento en la provincia de Cáceres.
