La Consejería de Educación aseguró ayer que las agresiones contra los profesores "no quedarán impunes", recordó que cualquier ataque contra un docente en el ejercicio de sus funciones es un delito de atentado contra la autoridad y añadió que se exigirán responsabilidades a quien corresponda.
La Junta respondía así, en un comunicado, a los "lamentables" casos de agresiones sufridos esta semana por dos maestros de Navalmoral de la Mata y dos profesoras de Villanueva de la Serena por parte de madres de alumnos.
En ambos casos, Educación ha actuado con "extrema celeridad", asegura la consejería, ya que considera que en estos momentos la rapidez es un "signo de eficacia", trasladando inmediatamente su total apoyo a los docentes agredidos.
"Como han manifestado los directores de los centros educativos afectados, hay que destacar que se trata de casos aislados acaecidos en colegios donde la convivencia es ejemplar y que, afortunadamente hay cientos de miles de padres y madres que valoran y reconocen la importantísima labor que desempeñan los profesores extremeños", indica el organismo que dirige Eva Pérez.
Recalca que agresiones a docentes como las referenciadas serán consideradas como constitutivas de un "delito de atentado a funcionario público", tipificado en el Código Penal, ya que, como ha indicado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cuando se produce un acto de agresión contra los profesionales que ejercen funciones públicas en el sistema educativo se ven afectados bienes jurídicos colectivos de esencial importancia constitucional.
Por su parte, el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) demandó ayer que el Observatorio para la Convivencia, integrado por la administración y todos los agentes educativos, deje de ser un elemento decorativo "propagandístico" y pase a tomar cartas en el asunto y cumplir su función tras la agresión de Villanueva, que se suma a la de Navalmoral.
