La consejera de Educación, Eva María Pérez, compareció ayer en la Asamblea para explicar las líneas generales de su departamento, entre las que anunció una apuesta decidida por la formación de adultos, así como por la formación profesional, y el impulso de la integración de las nuevas tecnologías en las aulas, según informó Europa Press.
Entre otras cuestiones, quiso también redefinir con un término "más positivo" el problema del fracaso escolar, y para ello propuso utilizar el término "bajo rendimiento". Sobre las medidas que adoptará su departamento para afrontar esta situación señaló que no se trata de buscar propuestas para lograr un resultado inmediato, y quiso dejar claro que para ello no existen "recetas mágicas".
Para todo ello, se comprometió a desarrollar un debate sobre la situación de la Educación en Extremadura al que invitará a participar a todos los agentes implicados para adoptar las medidas correctas de cara a obtener, según dijo, una educación de calidad, y que otorgue las mismas oportunidades para todos.
Por su parte, el diputado de IU José Antonio Jiménez criticó que no exista un modelo educativo extremeño, denunció el abandono de las zonas rurales y demandó "abrir la consejería al diálogo", buscar la "complicidad del profesorado" y aumentar el gasto en educación.
César Díez Solís, del PP, indicó que las palabras de Pérez "huelen a continuismo", a pesar, dijo, de que el propio presidente de la Junta ha reconocido el fracaso de su Gobierno. Solís, que reiteró su ofrecimiento de un acuerdo de mínimos para mejorar la educación en Extremadura.
SENTENCIA Por otro lado, ayer se hizo pública una sentencia del Tribunal Supremo en la que considera que la regulación de la enseñanza de la religión que incluía el Real Decreto sobre la ordenación y las enseñanzas comunes del Bachillerato dictado por el anterior Gobierno en 2003 es "conforme a derecho".
De este modo, rechaza el recurso presentado por la Junta Extremadura contra la disposición adicional primera de ese decreto y el anexo que regulaban las enseñanzas de esa asignatura. En esas normas establecían dos opciones, obligatorias en todos los centros -una de carácter confesional, acorde con la confesión por la que optasen padres o alumnos y otra no confesional- y definía el contenido de esta última. La Junta recurrió esa regulación por entender que excedía las competencias de la Administración central y vulneraba las del Gobierno regional.
