La Consejería de Educación evaluará las competencias lingüísticas y matemáticas de casi 25.000 alumnos extremeños de 4º de Primaria y 2º de ESO, los próximos días 14 y 19 de mayo, respectivamente. Las pruebas determinarán si los estudiantes son capaces de aplicar sus conocimientos en estos ámbitos a situaciones de la vida real y no tendrán efectos académicos, pero servirán para orientar las actuaciones de la Administración y los centros y dar información a las familias, según explicó la consejera, Eva María Pérez. Sin embargo, advirtió, este departamento no publicará los datos de todos los centros (cada uno solo conocerá el resultado propio y la media), sino una muestra representativa, "para no crear ránkings".

La elaboración de esta "evaluación de diagnóstico" está prevista en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y debe llevarse a cabo --junto a otra que hará a nivel nacional el propio ministerio-- en todas las comunidades, lo que ya han comenzado a hacer algunas como Madrid, Asturias o el País Vasco. A ellas se une la región, en la que, con la colaboración de docentes y miembros del Servicio de Inspección, ya se han diseñado las pruebas y estas han sido validadas por la Universidad de Extremadura (Uex), para garantizar científicamente su calidad.

Superadas estas dos fases, la tercera, que consiste en la aplicación y corrección de las pruebas, se abre ahora e inicialmente se informará a los directores de los centros y tutores implicados de las normas de las pruebas. Posteriormente, los centros recibirán los cuadernillos de las pruebas y estos serán custodiados bajo precinto por los directores hasta el momento de su aplicación. Una vez que se corrijan las pruebas, los resultados serán introducidos en una aplicación informática creada al efecto en la Plataforma Rayuela, cuya importancia destacó la consejera porque, según dijo, permitirá conocer los resultados con celeridad.

PUBLICACION DE DATOS Sin embargo, estos no se harán públicos en su totalidad, explicó la consejera, para evitar que se creen "ránkings de centros" en función de los resultados, "como ha ocurrido en otras comunidades", aseguró Pérez. Por ello, su departamento realizará una muestra de contraste, representativa de todos los centros y que servirá para que cada uno de ellos pueda comparar sus resultados con los de la media de todos los centros educativos, teniendo en cuenta también el contexto socioeconómico y cultural de ese centro, información que se recopilará en un "cuestionario de contexto" que también incluye la prueba.

Respecto a esta cuestión, Pérez destacó que los ránkings de centros están prohibidos por ley y que, aunque no lo estuvieran, la Administración extremeña no sería partidaria de llevarlos a cabo. Lo que sí tendrán los centros es su propio resultado para poder compararlo con la media.

Finalmente, la cuarta fase consistirá en el tratamiento de los resultados y las propuestas de mejora, a partir del análisis de los resultados que cada centro debe llevar a cabo. En este proceso, el centro estará asesorado por la consejería --que también utilizará esta evaluación de diagnóstico para mejorar la planificación de sus recursos-- y deberá integrar a las familias, puesto que, resaltó Pérez: "toda la comunidad educativa" debe "corresponsabilizarse" para lograr los objetivos. Además, la consejera recordó que en el documento de propuestas para la ley de educación de Extremadura es la evaluación del sistema educativo como un elemento "ineludible" para la mejora de la educación en la región.