La eterna demanda de la universidad. Rectores y candidatos a serlo lo han pedido incansablemente. El Gobierno socialista lo intentó en la pasada legislatura, y el actual Ejecutivo popular vuelve a hacerlo. No le quedaba otra quizás, ya que ha sido una demanda durante años de oposición. Se trata de la creación de una ley que dote a la Universidad de Extremadura de un marco de financiación estable. Suena a frase hecha, pero sigue siendo una necesidad detectada por la comunidad universitaria para evitar el anodino debate de cada año cuando llega la hora de repartir el dinero de las arcas públicas.
"Nos iría mucho mejor con una financiación estable", precisaba hace seis años Francisco Duque, que por entonces optaba a convertirse en rector por segunda vez. Piensa lo mismo el actual rector, Segundo Píriz. "Hay que asegurar unos mínimos para la universidad, trabajar por objetivos y tener una financiación complementaria para infraestructuras e investigación", decía antes de dirigir la Uex, en el 2010.
Y esa es la intención del segundo anteproyecto de ley puesto en marcha, que actualmente se encuentra en periodo de exposición pública para recibir las alegaciones oportunas. Es el segundo intento tras ser recogido en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, en el 2010. En ese mismo año se elaboró un primer texto normativo que acabó en el cajón. En esta segunda ocasión aún es pronto para conocer el destino de este documento, pero sale a la luz con más reproches que alabanzas.
POR OBJETIVOS El anteproyecto recogido en siete folios plantea por un lado estructurar la financiación de la universidad en base a tres componentes: una financiación genérica para sufragar los costes del personal y los gastos de funcionamiento ordinarios; una financiación vinculada a objetivos mediante convenios y contratos para mejorar la calidad de la docencia, la investigación, la gestión y la transferencia de resultados; y otra partida autónoma destinada a la financiación de infraestructuras.
Todos estos importes serían fijados por una Comisión Mixta de Financiación, cuya creación es la segunda pata de esta ley. Y hasta ahí. El anteproyecto no define los criterios para el reparto de fondos, ni objetivos, ni cuantías, y por lo tanto, "no garantiza un nivel mínimo de financiación pública", recoge el informe del Consejo de Gobierno de la Uex, remitido en febrero a la Consejería de Educación tras estudiar la propuesta.
El órgano de representación universitaria valora muy positivamente la iniciativa emprendida nuevamente "para superar la incertidumbre que cada año representa conocer las fuentes de financiación de la Universidad", aunque duda de que sea el mejor momento para abordar un tema "tan relevante". Lo que tiene más claro es que no le convence el contenido del anteproyecto. Critica que sea una comisión no paritaria la que determine los fondos públicos mínimos para la institución, lo que "implica que el legislador se desentienda de perfilar el proyecto de Universidad que se quiere, elemento clave para deducir consecuencias económicas y que nunca debería quedar en órganos ajenos a la entrañas de la Asamblea de Extremadura", insiste el texto. Concluye que la norma carece de los parámetros fundamentales establecidos para la financiación y de una memoria económica.
DECLARACION DE INTENCIONES Las apreciaciones de la Uex son similares a las que hacen los sindicatos, que al unísono, consideran esta ley como una simple declaración de intenciones. "No han tenido en cuenta ninguna de nuestras aportaciones y la propuesta es insuficiente, no establece medidas para fomentar la investigación ni la excelencia, no concreta nada", opina Marta Vázquez, responsable de Universidad de CSI-F, partidaria de una profunda revisión y replanteamiento del texto para definir conceptos concretos y su financiación.
Francisco Viera, de CCOO, apunta en la misma dirección. "La ley está vacía de contenido, no hay más compromiso que crear una comisión para apartar las decisiones del ámbito del legislador. Es inútil, esto no sirve para cambiar nada y responde más a la necesidad de visualizar el cumplimiento de una promesa electoral del PP que al interés por dotar de una financiación estable a la Uex", reprocha.
Viera critica además que no se hable de dinero. "La Junta apenas transfiere a la universidad el 80% del coste del personal, el resto sale de las tasas universitarias, lo que resta financiación a otros asuntos. Al menos se debería garantizar gastos básicos". Por ello, CCOO considera necesario primero sentarse a diseñar el modelo de universidad que tenemos, lo que queremos y lo que podemos tener. "Esperamos que se dé marcha atrás porque esta ley es un placebo, no cambia nada". Ese debate previo es también esencial para USO. Francisco Cebrián cree prioritario analizar el punto de partida antes de sentarse a hablar de cómo financiar la universidad. Estima que es necesario tener en cuenta las características concretas de la región y la convergencia con las universidades españolas, y no dejarlo todo en manos de una comisión interautonómica, pero no "paritaria", para fijar los criterios que servirán para determinar la financiación de la universidad.
Coincide plenamente Joaquín Garrido de UGT, para quien este anteproyecto es la expresión formal de lo que ya se venía haciendo. "La Junta y la Uex ya se reunen cada año para ver el dinero con que se va a contar, y esta ley no garantiza que deje de existir esa pelea porque no establece una financiación básica". Garrido cree que no hace falta que se hable de cantidades, pero sí de garantías "que están en el aire".
