No había consenso entre las autonomías y al final la postura que defendía Extremadura no ha salido adelante. El Ministerio de Educación decidió ayer blindar las oposiciones docentes eliminatorias, como venían siendo hasta ahora, frente a la petición de las organizaciones sindicales extremeñas y de la propia administración. Extremadura, junto a otras ocho comunidades, solicitaron ayer al Gobierno central que las pruebas del próximo proceso selectivo que se convocará en 2018 para el cuerpo de Secundaria y el resto de enseñanzas medias no fueran eliminatorias, es decir, que no fuera necesario sacar una nota mínima de un 5 en todos los ejercicios de la fase de oposión, sino que la nota de los ejercicios sea ponderada. De esta forma un aspirante que tenga un 4 en la primera prueba y un 6 en la segunda aprobaría con un 5.
Sin embargo, el ministerio descarta esta propuesta y los opositores, por tanto, tendrán que aprobar la primera fase de la oposición para poder realizar el segundo ejercicio y tener opción luego a la fase de concurso.
Para la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, el ministerio «ha perdido una gran oportunidad de mantener la paz social y de tener un consenso con los agentes sociales», señaló tras la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada ayer por la tarde en Madrid. La consejera veía con buenos ojos la petición de los sindicatos dado que las próximas oposiciones, con 1.267 plazas, se nutren en buena medida de la oferta del plan de estabilidad con la que se pretende reducir la tasa de interinidad al 8% y así dar estabilidad a los profesionales docentes que llevan años padeciendo procesos de selección escasos.
Así, Gutiérrez se muestra a favor de que las pruebas de acceso a la función pública docente no sean eliminatorias. «Creemos que sería beneficioso no solo para los interinos, sino para todas aquellas personas que acceden por primera vez a la función docente». La consejera recordó que se trata de una reivindicación más social, «que a nosotros no nos parecía mal y creemos que era el momento de que hubiera un consenso».
Coincidiendo con la celebración de esta conferencia sectorial, el sindicato PIDE entregó ayer en el ministerio y en el Congreso más de 10.000 firmas de apoyo a las pruebas no eliminatorias que ha recogido junto a otros sindicatos de Canarias, Andalucía, Murcia y Baleares en tres semanas. De esta forma, defiende un nuevo sistema de acceso a la función pública docente que sea «más justo para todos, estable en el tiempo y sin injerencias ajenas a las necesidades educativas», ya que el carácter no eliminatorio permitiría valorar también la capacidad pedagógica del opositor en la segunda prueba y no solo su capacidad técnica y memorística, que se evalúa en el primer ejercicio.
También CSIF, CCOO y UGT registraron un escrito el pasado martes en la consejería para apoyar esta postura. «Seguiremos defendiendo los intereses de los trabajadores interinos de la educación extremeña, a los que se les ha recortado durante estos años la posibilidad de obtener la plaza de funcionario por los escasos o nulos procedimientos de acceso y con número insuficiente de plazas», sostienen los tres sindicatos.
Desde ANPE lamentan que no haya salido adelante esta petición, pero reconocen que se rechaza en base a un informe del Consejo de Estado que alerta de la inseguridad jurídica para los procesos selectivos. «Si hay posibilidad de que alguien recurra por esta cuestión y se bloqueen las oposiciones, no nos podemos arriesgar», defiende. De esta forma, la consejería precisó que pedirá al ministerio ese informe de la Abogacía del Estado que rebate la legalidad de las pruebas, ya que Gutiérrez considera que era «una cuestión más de voluntad política, porque en otro tiempo (de forma transitoria durante la implantación de la Lomce) estas pruebas no fueron eliminatorias», aseguró ayer.
Pese a que esta demanda no saldrá adelante, los sindicatos valoran los cambios que sí se introducirán en la modificación del Real Decreto 276/2007 que regula las oposiciones docentes en España. Entre esos cambios destacan el aumento de la opción de temas a elegir, serán cinco y no cuatro; el aumento también de la ponderación de la fase de concurso, que pasará de contar un 33% a un 40%, mientras el peso de la oposición será del 60%; y el incremento de puntos para los docentes con más antigüedad: hasta siete puntos por un máximo de diez años trabajados frente a los 5 actuales. También está cerrado que los temarios no se tocarán al menos hasta el 2020.
