Primera incógnita despejada. Las oposiciones docentes anunciadas para el próximo año serán para el cuerpo de maestros, esto es, de Infantil y Primaria. Así lo acordó ayer la Consejería de Educación con los representantes de los cinco sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Educación.

La siguiente duda por despejar será el número de plazas y especialidades que se convocarán, pero para eso habrá que esperar hasta finales de noviembre o primeros de diciembre. Antes, los sindicatos y la Administración mantendrán varias reuniones técnicas con el fin de cuantificar las necesidades y posibilidades de la región. Cabe recordar que tras varios años con una tasa de reposición limitada --de entre el 10% y el 50% este año--, el Gobierno estatal ha permitido para 2016 que se cubra el 100% de las plazas vacantes (jubilación, muerte o traslado) que se produzcan en el sistema este año, una cifra que ronda los 300 o 400 docentes en la región.

No obstante, los sindicatos aseguran que intentarán arañar las máximas plazas posibles en todas las especialidades con el fin de recuperar el personal perdido en los últimos cuatro años, que estiman entre 1.000 y 1.500 docentes. "Vamos a presionar para que se cubra el 100% de la tasa de reposición más las necesidades del sistema", señala Saturnino Acosta, de ANPE, que aboga por blindar las jubilaciones. "Esperamos una convocatoria cuantiosa y que se recupere el empleo perdido", dice Francisco Jiménez, de CCOO. Por su parte, Oscar Hernández de UGT recuerda que hay margen para jugar con las plazas de promoción interna e insiste en la derogación del decreto de recortes del Gobierno central.

Este fue el principal asunto que abordó ayer la Mesa Sectorial pero no el único. Durante la reunión, la consejería y los sindicatos fijaron un calendario de encuentros periódicos que servirán para ir resolviendo las demandas pendientes. En principio, cada quince días habrá una mesa técnica y cada tres meses una mesa sectorial. En la próxima, fijada para diciembre, está previsto que se anuncien oficialmente las plazas y especialidades de las próximas oposiciones. "De momento, tener claro ya el cuerpo docente que se va a convocar evita incertidumbre y permitirá a los opositores empezar a estudiar", apunta Mercedes Barrado, de CSIF. "Viene a dar tranquilidad a los aspirantes", insiste Acosta.

VERANO El tercer asunto relevante de la reunión de ayer fue el pago del verano del 2012 a los docentes que no lo percibieron tras un cambio normativo a los pocos días de terminar el curso. El sindicato PIDE llevó el caso a los tribunales y hace apenas un mes el Supremo le dio la razón en un caso particular. Ahora, para evitar que se abran cientos de procesos judiciales, la consejería anunció ayer que extenderá de oficio la sentencia a los docentes afectados, 549, aunque PIDE estimaba en torno a 800, y urge que se revisen bien todos los posibles casos.

Para hacer frente a esta extensión de sentencia, se ha acordado con los sindicatos abonar el dinero en dos pagos: el 40% en enero del 2016 y en 60% restante, en enero del 2017. A cada docente afectado le corresponde entre 3.000 y 3.500 euros. Esta cantidad le supondrá a la consejería 2,1 millones de euros, de los que en el presupuesto de 2016 destinará unos 850.000 euros.

La propuesta inicial de la consejería era repartir la deuda en tres plazos, hasta el 2018, mientras que los sindicatos pedían el pago inminente. "En un ejercicio de responsabilidad hemos cedido todos en una solución intermedia", precisa Alfredo Aranda, de PIDE. Lo que sí será inminente, en 15 días, es el reconocimiento de los derechos generados al sumar dos meses más de trabajo a estos interinos, una situación que podría variar los méritos de algunos docentes. "Veremos los efectos cuando se actualicen".

Entre los asuntos pendientes para próximas reuniones técnicas está la derogación del decreto que recorta el pago del verano a los interinos. Hasta el 2012 los docentes tenían que trabajar un mínimo de 165 días para poder cobrar los meses de julio y agosto, pero el último decreto aumentó hasta los 280 días el tiempo mínimo necesario. CCOO también insistirá en la supresión de la normativa de sustituciones que fija cubrir las bajas superiores a los diez días. "Es una medida con la que se han ahorrado mucho pero el sistema ha perdido", indica Jiménez. Por su parte, CSI-F urge negociar también la carrera profesional. Pero estos asuntos tendrán que esperar.

Los sindicatos destacaron el consenso de los acuerdos y el buen talante en una reunión con la que se retoma el diálogo social "minado en los últimos años". "Se ha convertido en extraordinario, lo que debería ser normal", resume Hernández. "Las sensaciones son buenas, pero seguiremos luchando", coinciden. Ahora esperan que esas buenas intenciones se vayan concretando en propuestas concretas negociadas con el sector que mejoren el sistema educativo extremeño. "Esperamos que el consenso logrado se mantenga", concluye Aranda.