Educación urge cambiar la norma de convivencia por las últimas agresiones en Extremadura

A la siguiente semana fue una docente del instituto de Zalamea de la Serena quien sufrió la violencia física por parte de otro alumno de 1º de ESO.

Y hace dos días la historia se repitió en Miajadas, esta vez, con un estudiante de 1º de Bachillerato. «El profesor está en situación de baja laboral por un esguince cervical. El alumno ha sido sancionado cautelarmente con una expulsión de cinco días pero al mismo tiempo se ha incoado el expediente disciplinario para que sea el máximo, los 29 días», confirmó ayer Rafael Rodríguez de la Cruz, secretario general de Educación de la Junta de Extremadura.

Tres profesores extremeños de distintos municipios que sufren agresiones en apenas 15 días. Y el curso, prácticamente, acaba de empezar. Por eso desde Educación quisieron lanzar un mensaje claro de condena y apoyo. «La consejería está ofreciendo a los afectados asistencia jurídica por si quieren ir por la vía penal y a la vez asistencia psicológica desde el Servicio de Riesgos Laborales por si fuera necesario», subrayó De la Cruz.

ACTUACIÓN PSICOLÓGICA / También hicieron un llamamiento a la calma asegurando que se trata de hechos aislados. Aunque al mismo tiempo dejaron claro que, después de los tres sucesos, han considerado urgente actualizar el decreto de convivencia pacífica que esté en vigor actualmente, puesto que data de 2007, hace una década. «Habría que darle una vuelta o dos», afirmó De la Cruz. En el mismo, por ejemplo, no se especifica cómo actuar con los menores, desde el punto de vista psicológico, cuando comenten la agresión. No está recogido de qué manera se le puede prestar asistencia a esos alumnos para que la convivencia en el centro sea positiva. «La idea es que se aproveche la situación negativa para trabajar con los alumnos, para que no vuelvan a agredir».

Por ello, en la próxima sesión del Observatorio Regional de la Convivencia Escolar de Extremadura, que tendrá lugar a lo largo del mes de diciembre, se analizará la situación actual. Este órgano está formado por toda la comunidad educativa, esto es, padres, profesores, la Administración y la Fiscalía de Menores. «En la próxima convocatoria se va a incluir en el orden del día un punto para que el propio observatorio proponga las medidas pertinentes para mejorar la convivencia y cambiar el decreto actual».

CAMBIO DE CENTRO / Una de las cuestiones que se plantean es la posibilidad de cambio de instituto del alumno agresor. «Ya está recogido en la normativa para casos muy graves, pero es efectivo cuando dentro de la ciudad tenemos otros centros del mismo nivel, pero si en la localidad solo hay un instituto, no es posible. Se valora esa circunstancia cuando tengamos alternativa dentro del mismo municipio. No lo podemos mandar a otro instituto a 20, 30 o 40 kilómetros. Podría negarse y si lo recurriera por la vía judicial, lo ganaría», explicó De la Cruz.

Y añadió: «Desde los seis hasta los 16 años la enseñanza es obligatoria, el menor debe ser atendido. Se le sanciona, pero no es abandonado. Y desde el propio equipo docente se le ayuda a que pueda seguir estudiando y presentándose a los exámenes el tiempo que dure la sanción», explica el secretario general de Educación.