El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma (Proyecto LINCE), que "representa un cambio de mentalidad y un enorme alivio de cargas burocráticas", según ha destacado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. El Ejecutivo se ha reunido hoy en la localidad pacense de Puebla de Alcocer, de acuerdo con el compromiso de Fernández Vara de llevar los encuentros de este órgano por todas las comarcas de la región. La Ley de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas es uno de los acuerdos incluidos en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Según el documento de este pacto, esta norma, más que acortar plazos, obviará el carácter necesariamente previo de los mismos, exigiendo tan sólo una declaración telemática de empresa con unos datos mínimos para empezar a operar, "constituyéndose estas empresas a través de un régimen de declaración responsable". También en el apartado de Presidencia, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para el estudio e intercambio de información sobre la reducción en un 30 por ciento de las cargas administrativas antes del 31 de diciembre de 2012, así como sobre la simplificación procedimental y la mejora de la reglamentación. Ha acordado además la publicación, en la página web oficial de la Junta de Extremadura, de las retribuciones netas que por todos los conceptos han percibido los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración regional en el ejercicio 2009. En la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente se ha dado luz verde a la firma de un convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, de control de tensión y de limpieza de márgenes en la región con una inversión de 13.327.183 euros. En la Consejería de Economía, Comercio e Innovación, el Gobierno ha autorizado la celebración de un convenio de colaboración con la UEx para el fomento de la integración de los profesores titulares de escuelas universitarias en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, por un importe 145.511 euros. Y en la de Fomento, ha acordado modificar el convenio suscrito en 2006 por la desaparecida Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y el Ayuntamiento de Cáceres para la construcción de un paso inferior bajo las vías del ferrocarril en la estación de Aldea Moret y cesión de las fincas de la UE-RT 01 en esta misma barriada. Asimismo, se ha acordado la contratación de las obras de construcción de ocho viviendas de promoción pública en la localidad de Entrerríos por un importe máximo de 605.607,47 euros. En la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un acuerdo de adhesión al convenio suscrito por el Instituto de la Juventud y la entidad Microbank para desarrollar el Programa de Microcréditos, con el que se facilita el acceso a la financiación a los proyectos empresariales promovidos por jóvenes. En la de Agricultura y Desarrollo Rural, ha dado su visto bueno a la celebración de un convenio con el Organismo Autónomo para el Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Cáceres, con el fin de diseñar un plan científico y educativo que permita la integración en la Red Europea de Geoparques, avalada por la UNESCO. En Sanidad y Dependencia, se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para el desarrollo de un programa que tiene como finalidad mejorar la prestación de la incapacidad temporal y estudiar el comportamiento de los procesos de corta duración. Y en Educación, ha aprobado un decreto por el que se regulan las asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA) de centros docentes no universitarios y se crea el registro de este tipo de entidades en Extremadura. Asimismo, ha autorizado la contratación del servicio de atención al usuario y asistencia técnica para el mantenimiento básico de los sistemas tecnológicos de los centros educativos públicos por un importe de 700.000 euros.