La Junta de Extremadura, a través de la dirección general de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información, ha resuelto retirar la adjudicación provisional de seis emisoras de radio de Frecuencia Modulada concedidas en 1998 a distintos licitadores otorgándoselas, también de forma provisional, a la empresa 'Cáceres, Mérida y Badajoz SL', vinculada a la familia de Pedro Acedo, exalcalde emeritense, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo con fecha de 24 de septiembre de 2014.

Se trata de las emisoras de radio de Fregenal de la Sierra, concedida inicialmente a Onda Cero; Llerena (Carlos Tomeo, y asociada a la Ser), Villafranca de los Barros (Ser), Villanueva de la Serena (Cope), Moraleja (Icaro SL) y Valencia de Alcántara (Icaro SL). Las mismas ahora deberán ser gestionadas por la nueva empresa. En la resolución también confirma las adjudicaciones de las emisoras de Almendralejo a sus actuales responsables (Francisco Javier Morillo) y Jaraíz de la Vera (Luis del Olmo). La emisora de Miajadas, por su parte, se mantiene dado que su adjudicación no resultó "controvertida" según señala en su literalidad la citada resolución.

Pedro Acedo, en conservación telefónica con El Periódico Extremadura, confirmó los hechos, indicando a la vez que ya no está vinculado a la empresa que ahora ha resultado adjudicataria dado que se desprendió de las acciones hace algunos años. No obstante, aclaró que la misma sigue siendo propiedad de miembros de su familia.

RECURRIBLE La resolución, que tiene fecha de 16 de septiembre del 2015 y la firma la secretaria general, Maria Ascensión Murillo, todavía puede ser recurrida mediante recurso de reposición a la propia dirección general o directamente mediante recurso contencioso administrativo a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El pleito judicial de este asunto se remonta al 12 de marzo de 1998 cuando se llevó a efecto la concesión de emisoras. La familia Acedo y la Junta de Extremadura han seguido pleiteando en los tribunales hasta que finalmente el Tribunal Supremo ha obligado a constituir nuevamente la mesa de contratación a fin de efectuar una nueva valoración y consiguientemente realizar una nueva propuesta de adjudicación.