No podía ser más cruel el destino del caso Plasencia para el PSOE. A cinco semanas de las elecciones autonómicas y municipales, el juzgado ha decretado el ingreso en prisión de la exalcaldesa socialista Elia María Blanco, el exconcejal Enrique Tornero y el constructor militante socialista José Antonio Romero Vega. Todos ellos fueron condenados a dos años y un día de prisión.

Desde la entrada en la cárcel en el año 93 del también socialista Matías Ramos Ruiz, exconcejal en Badajoz, Extremadura no vivía una conmoción similar y aunque en buena parte del resto del país desgraciadamente este tipo de episodios relacionados con la corrupción que incluye el ingreso en prisión de sus protagonistas han dejado de ser excepcionales para convertirse en habituales, no deja de sobrecoger si se produce en nuestra tierra. Por eso, ningún ciudadano de bien, sea del color político que sea, se puede alegrar de que vayan a prisión, desde el punto de vista humano. Por eso, no es hora ni mucho menos de hacer leña del árbol caído. Bastante estarán sufriendo ya los afectados y sus familias.

Así que dejemos a un lado a los condenados y centrémonos en la posición política que el PSOE de Extremadura ha seguido en este caso que le estalla en plena precampaña electoral cuando si hubiera actuado de una manera mucho más contundente y no tratando de proteger a los afectados durante tanto tiempo el caso desde el punto de vista político estaría ya más que amortizado. Pero primero fue Ibarra quien puso ---de forma textual--- "la mano en el fuego" por la entonces alcaldesa y la respaldó públicamente cuando estallaron las denuncias y fue imputada, a escasos meses de las elecciones pasadas. No fue el único. Vara --entonces presidente de la Junta y secretario general de los socialistas-- o no quiso o no pudo ante el poder de Ibarra descabalgarla de una lista electoral que estaba claro que se encaminaba no sólo al desastre en cuanto al número de votos, con una candidatura llena de imputados, sino sobre todo a verse arrastrado durante la legislatura siguiente --es decir ésta-- a tener que padecer el calvario judicial al permitir que estuvieran presentes en el grupo municipal y por tanto en las instituciones. Vara perdió una gran oportunidad entonces para mostrarse contundente contra la corrupción y aunque luego ya se dedicara a poner parches para intentar mitigar el huracán político en contra ante las primeras resoluciones judiciales (llegó a disolver la agrupación local y dejar sin militancia a 300 afiliados) ya nunca pudo dar una verdadera imagen de regeneración democrática. Porque una cosa es la amistad personal con los afectados --que es legítima-- y otra no actuar con firmeza para depurar responsabilidades políticas y sobre todo poder así tener legitimidad para por un lado enviar un mensaje claro a los ciudadanos que están cansados de tanta corrupción y de forma paralela poder afear con mayor autoridad al PP algunas cuestiones, como hasta hablarle de Bárcenas, como ha intentado echarle en cara en reiteradas ocasiones durante la legislatura su peculiar portavoz Valentín García.

Pero Vara no tomó decisiones cuando tuvo que hacerlo, de la misma manera que se mostró pusilánime en el caso Feval o con la vergonzosa actuación que lleva protagonizando el PSOE en Alburquerque, que esa es otra. Resulta que su alcalde, Angel Vadillo, fue condenado en esta legislatura a dos años y medio de prisión en sentencia firme por un infame acoso y persecución con publicidad contra una vecina de la localidad, que se vio incluso abocada a abandonar el pueblo ante la presión del alcalde, que utilizó todos los medios públicos a su favor para arremeter contra la vecina en un episodio no sólo autoritario por su poder como regidor sino también con claros tintes machistas.

Vadillo ha seguido siendo el alcalde a pesar de esa sentencia en firme de prisión. Aunque causó baja oficial como militante del PSOE (dio mítines en las pasadas elecciones europeas a favor de este partido), el resto de concejales socialistas le siguió apoyando en el ayuntamiento. Con ser grave lo anterior, la pirueta política de los últimos días supera con creces el esperpento ante, de nuevo, los brazos cruzados de Vara. Ya parecía paradógico que Marisa Murillo, que ahora forma parte de las listas de Vara a la Asamblea en el puesto número 21 por la provincia de Badajoz, apoyase hace unos días en las redes sociales al alcalde como candidato a la alcaldía por un otro partido recién creado: 'Orpo'. Pero es que además ella misma fue la encargada de presentarlo en el primer mitin de precampaña de Vadillo celebrado en la casa de la cultura del pueblo bajo las siglas de 'Orpo'.

Y para culminar el esperpento, el PSOE anuncia ahora que no se presenta a las elecciones municipales de Alburquerque para confirmar que esa nueva agrupación (cuyos concejales socialistas apoyaron recogiendo firmas por el pueblo para cumplir los requisitos mínimos de rúbricas y poder presentarse) es toda una marca blanca del propio PSOE. La estrategia es no presentar los socialistas una candidatura propia para no restarle votos a Vadillo. ¿Puede haber más burla y estafa a la democracia? Pues parece ser que sí, porque lo primero que habrá de dilucidar la Junta Electoral es si una persona con sentencia en firme de cárcel puede presentarse como candidato aunque la condena no se haya ejecutado porque ha pedido el indulto. Y aunque se lo concedieran (nadie puede desear que entre en la cárcel), de verdad que nuestro sistema permitiría que optara a la reelección un alcalde en estas condiciones judiciales, ¿con el cartel indultado? Es más, si al final no consigue el indulto del Gobierno y tiene que entrar en la cárcel, ¿qué pasaría entonces? Es tremendo y con el PSOE y Vara siendo cómplices. Lamentable.