El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba esta mañana el anteproyecto de la Ley de Renta Básica de Extremadura, que en breve será remitido a la Asamblea para que inicie el trámite parlamentario con la aportación de los tres grupos políticos. Según explican el presidente del Ejecutivo autonómico, José Antonio Monago, y el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, la idea del Gobierno extremeño es conseguir el máximo consenso posible para que el texto pueda ser aprobado por el procedimiento de lectura única, de tal forma que las primeras ayudas comiencen a pagarse ya en el mes de mayo. "Hoy es el día de la renta básica, el día en el que le vamos a decir a los extremeños que aquí nadie caminará solo. Este Gobierno ha escuchado unas reivindicaciones justas y Extremadura dejará de ser la única comunidad que no contaba hasta ahora con este derecho social", destaca Monago.

Aunque el presupuesto se mantiene en los 13,2 millones de euros para unos 5.000 beneficiarios, el presidente explica que el texto aprobado hoy incluye una serie de mejoras que se han incorporado después de las diversas reuniones mantenidas con los colectivos y organizaciones a las que en los últimos meses se ha hecho entrega del primer borrador, y que han permitido flexibilizar algunos de los requisitos para tener derecho a la prestación.

Así, para ser beneficiario, será necesario carecer de recursos económicos o patrimoniales o estar en situación de desempleo, pero ya solo será obligatorio haber residido al menos durante un año en la región y acumular dos cotizados en la Seguridad Social (antes se pedían cuatro) y ser mayor de 25 años, aunque dependiendo de los casos, también se podrá percibir la ayuda a partir de los 18 años. A las cuantías fijadas, que oscilan entre los 372 y 639 euros mensuales, se suma además una bonificación del 10% cuando la unidad familiar tenga que hacer frente al pago de una hipoteca o algún miembro de la misma presente discapacidad, de tal forma que la ayuda máxima a percibir será de 692 euros.

La renta básica también servirá para complementar los ingresos de quienes estén cobrando otro tipo de prestaciones (paro, Plan Prepara, etcétera) hasta alcanzar el salario mínimo establecido para la unidad familiar y las ayudas finalmente se tramitarán en tres meses y no en seis como se preveía en un primer momento. No obstante, los primeros beneficiarios, que serán los actuales preceptores de ayudas de emergencia social, podrían empezar a cobrar sus prestaciones ya en mayo.

Pese a las mejoras, Monago reitera que la renta básica "no es un cheque en blanco" y, por ello, especifica también las contraprestaciones que deberán asumir los beneficiarios, que pasan por la obligatoria escolarización de sus hijos, no practicar la mendicidad, no rechazar ofertas de empleo, formar parte de un proyecto de integración social individualizado o colaborar en la realización de trabajos sociales.

El presidente reconoce que el presupuesto y el número de beneficiarios estimado no cumple con las exigencias de las organizaciones como la Plataforma por l Renta Básica (que estima que son 60.000 las personas que están en situación de recibir la prestación en la región), pero destaca "el esfuerzo" de su Gobierno en esta materia y señala que los 13,2 millones disponibles "es infinitamente más que la nada de años anteriores".