La sanidad se instala en el copago, pero no solo farmacéutico. El decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad se publicó ayer en el BOE y desvela otros ajustes sobre los que hasta ahora nadie había hablado. El ministerio hace oficial el copago en la farmacia pero también quiere que los usuarios que utilizan las ambulancias para servicios no urgentes y los que necesitan hacer uso de prestaciones ortoprotésicas, desde fajas lumbares a sillas de ruedas, aporten más recursos al sistema, en función de sus rentas.
En el caso del transporte sanitario no urgente la medida puede afectar a los casi 1.600 usuarios que hoy utilizan los 240 vehículos destinados a este fin en la región. Lo hacen por cuestiones médicas distintas: 525 extremeños enfermos renales hacen uso de las ambulancias actualmente para acudir a hemodiálisis a los distintos hospitales de la región tres días a la semana; otros 538 usuarios se desplazan a rehabilitación y 120 pacientes oncológicos lo utilizan para acudir a las sesiones de radioterapia. Son los que se llaman servicios periódicos concertados y a los que, según la gerente del Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, Eulalia Fontán, hay que tratar con delicadeza. De hecho los enfermos renales y oncológicos reciben un trato especial dado el tratamiento a que se someten y viajan solo dos o tres personas en cada vehículo.
Además de estos servicios, otros 410 extremeños hacen uso diario de las ambulancias no urgentes para acudir a sus consultas médicas y para regresar a sus hogares tras un alta hospitalaria. Estos son servicios puntuales por los que el usuario no paga nada en ningún caso. "Ahí sí se han cometido abusos de gente que realmente no necesita el servicio, pero no otros casos", señala Fontán. De todas formas, el coste del transporte, con más o menos usuarios, es el mismo puesto que el Servicio Extremeño de Salud paga un canon fijo, 125 millones de euros, a la empresa adjudicataria en el que se incluyen todas las ambulancias, sin distinguir entre urgente o no urgente, según el SES.
PROTESIS EXTERNAS Otro de los ajustes que afectará al bolsillo de los usuarios es el uso de prestaciones ortoprotésicas. Los pacientes que requieren de una faja lumbar, un collarín --lo que se denomina ortesis--, una silla de ruedas o muletas --se llaman ayudas técnicas-- abonan ahora alrededor de un 10% del precio de los productos y el SES costea el resto, pero la historia cambia. Los ciudadanos pagarán más por las prótesis externas, pero no tendrán que abonar nada por los implantes internos como prótesis de cadera, de rodilla o de mama, como viene ocurriendo ahora. El año pasado el SES destino más de 1,3 millones de euros a las prestaciones ortoprotésicas y otros 1,5 millones a la compra de vehículos para inválidos, principalmente sillas de ruedas, detalla la Consejería de Salud.
La aportación de los usuarios en ambos casos estará en función de su renta, bajo el mismo criterio de la prescripción farmacéutica, "tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación", determina el decreto. "Aunque hay que tener en cuenta que el copago de medicinas tiene un componente disuasorio que no va a tener el copago por el uso de ambulancias", matiza Fontán.
Esto supone que los pensionistas pagarán entre el 10% y el 20% del coste del servicio o producto, a excepción de los que cobren pensiones no contributivas, y la población activa pagará entre un 40% si gana menos de 22.000 euros al año y un 60% para los que superen los 100.000 euros. Los parados aportarán como los activos pero si tienen agotada la prestación por desempleo estarán exentos.
Estas dos prestaciones --transporte sanitario no urgente y ortoprótesis-- se incluyen en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud junto a la prestación farmacéutica y de productos dietéticos, por los que el usuario también abonará más. La Consejería de Salud explica hoy los ajustes en el SES, aunque ya anunció que seguirá las normas del Gobierno central.
