Rosa Muñoz considera que el principal valor que tiene el Consejo Consultivo de Extremadura es que "tutela los derechos de los ciudadanos", ya que éstos son los destinatarios finales de los actos administrativos y las normas que toman las administraciones. "Y eso evita una conflictividad posterior". En la mayor parte de los asuntos el dictamen del consejo es sólo preceptivo, aunque hay determinados casos en que la posición de este órgano es vinculante.

En opinión de la presidenta, otra de las aportaciones de la institución es que sus dictámenes "crean cuerpo de ley y ayudan a interpretar el ordenamiento jurídico". La diferencia con otros órganos de consulta como puede ser el Consejo Económico y Social (CES) es clara. "Nuestro consejo es eminentemente jurídico, pues hace dictámenes de legalidad. Lo único que hacemos es un juicio de legalidad, nunca de oportunidad" de las normas o actos administrativos.

Desde que un expediente entra en el consejo hasta que se emite el dictamen sobre su legalidad existe un plazo máximo de un mes, lo que obliga a los consejeros a desplegar una actividad intensa. En lo que va de año, se han registrado otros 235 casos. Uno de los casos que mayor complejidad ha sido el estudio de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta contra la Ley del Sector Ferroviario.

Previsión estatutaria

Pero a pesar de que el consejo estaba previsto en la primera redacción del Estatuto de Autonomía, no se ha puesto en marcha hasta el 2003. "Ha tardado tanto porque el presidente de la Junta entendía que había necesidades más perentorias. Ahora que el Estatuto tiene mayoría de edad, la comunidad se está dotando de estos órganos".

Preguntada por si considera que el Consejo Consultivo es una institución conocida en Extremadura, Rosa Muñoz se muestra sincera y asegura que no. "Tampoco es la función de este órgano tener una presencia cotidiana en los medios. Ni siquiera el Consejo de Estado es reconocido. Pero cumple una labor importantísima en la comunidad autónoma".

Por los asuntos que aborda este órgano, sus consejeros tienen restringida la compatibilidad con otras actividades paralelas. "Tenemos un régimen de incompatibilidad muy severo. Es el mismo que afecta a los altos cargos de la Junta de Extremadura". El mandato de la presidencia del consejo es por cinco años y sólo puede ser renovado una vez, según explica Rosa Muñoz.