Las elecciones a las Cámaras de Comercio extremeñas tendrán lugar, previsiblemente, en 2018, consecuencia de adaptar el régimen electoral a la ley nacional en la nueva norma regional que regula estas entidades, que la Junta prevé aprobar en Consejo de Gobierno y remitir a la Asamblea en octubre.
El Consejo de Gobierno se ha pronunciado hoy favorablemente respecto a la tramitación del anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura y ha acordado someterlo a dictamen del Consejo de Estado.
Según la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, el anterior Gobierno del PP "incumplió el mandato y la obligación" de hacer la nueva norma para adaptarla a la legislación estatal básica antes del 31 de enero, como fecha máxima, por lo que el PSOE se puso a trabajar en ello al inicio de la legislatura.
Ha detallado que en la nueva ley regional se modifica el sistema de elección de los miembros del pleno, máximo órgano de representación de las cámaras de Comercio.
Así, estará formado por 30 miembros: 20 electivos, seis representarán a empresas y personas de reconocido prestigio a propuesta de las organizaciones empresariales representativas en la región y cuatro a las empresas de mayor aportación voluntaria.
Con el nuevo texto se refuerza "el carácter representativo" de toda la actividad económica regional y no solo de un sector determinado, ya que se establece el principio de adscripción obligatoria de todas a las empresas a las cámaras provinciales, "sin que ello suponga una obligación económica".
Por otra parte, se adapta el régimen electoral a la ley nacional, por lo que, previsiblemente, las elecciones a las Cámaras extremeñas tendrán lugar en 2018.
"Esto, además, permitirá que se puedan hacer también las elecciones nacionales, que no se podían realizar si todas las comunidades no tenían hechas las suyas", ha asegurado Gil Rosiña.
Además, establece un nuevo modelo de financiación de las cámaras que cuenta con dos pilares: la prestación de servicios a las empresas y trabajadores; y las aportaciones voluntarias.
La portavoz ha destacado que las Cámaras de Comercio, que mantendrán su "naturaleza de corporaciones de derecho público", son "imprescindibles" para la actividad económica y deben adaptarse a la nueva realidad empresarial en la región y tener un papel más activo de apoyo a la pyme, "columna vertebral de la economía regional".
"En la región hay 64.500 empresas que están afectadas por la nueva ley", ha dicho.
Por ello, es necesario que las cámaras ofrezcan unos servicios que redunden en la creación de empleo, fomento del emprendimiento, mejora de la competitividad e internacionalización de la economía.
Recursos piscícolos
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado encargar a la empresa pública GPEx el desarrollo de las actuaciones para la conservación, sensibilización y fomento de los recursos piscícolas, con una financiación de 353.387 euros.
El objetivo de las actuaciones es conocer el estado de conservación y evolución de las diferentes especies piscícolas y de sus hábitats y garantizar la calidad de las aguas, así como reforzar las poblaciones naturales de especies piscícolas autóctonas.
También se pretende mejorar la capacidad de acogida e incrementar la capacidad de refugio piscícola de hábitats fluviales alterados para las distintas especies de fauna acuática; y fomentar el respeto por los recursos naturales mediante el desarrollo de programas de actividades de educación ambiental.
Además, se ha aprobado encargar a la empresa Tragsa los trabajos de adecuación y dinamización de infraestructuras ambientales en el Parque Nacional de Monfragüe, destinadas a la promoción del uso público y a la gestión de la Red Natura 2000, por importe de 602.549 euros, cofinanciados en un 75 % con fondos Feader.
Por una parte, se adecuarán las infraestructuras ambientales para incrementar su accesibilidad a personas con diversidad funcional; y por otra, la adecuación se efectuará en atención a las necesidades actuales y previstas de gestión del área protegida, en función del número de visitantes, sus valores naturales y régimen de protección.
Igualmente, se ha autorizado el encargo a Tragsatec de labores de apoyo en los controles que se hacen sobre el terreno de las ayudas por pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. El coste de este encargo es de 154.576 euros.
