Las compañías eléctricas han iniciado el proceso de refacturación en los recibos de la luz derivado de tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en el 2015 en las que se anulaba el sistema de cálculo de los costes de comercialización aplicados entre abril del 2014 y diciembre del 2016.

En Extremadura, Endesa ha comenzado a remitir ya las refacturaciones (lo hizo en mayo), mientras que en el caso de Iberdrola tiene previsto hacerlo a partir del mes próximo. En ambos casos las comunicarán en una única factura —el Gobierno dio libertad para hacerlo así o en varias—. En el recibo debe figurar de manera específica a qué obedecen las nuevas cantidades y su fórmula de cálculo. El plazo para que las eléctricas remitan la adaptación de las tarifas finaliza el próximo 30 de septiembre.

El ajuste afecta a los cobros realizados a quienes tuvieron contratada en ese periodo, o al menos en una parte de él, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Por este motivo, a un cliente le puede llegar una factura de una compañía con la que ya no tiene contrato.

En estos costes se incluyen los de atención al cliente o los de contratación y gestión de facturas de las comercializadoras de referencia. El nuevo sistema de cálculo, acorde a las sentencias del Supremo, se aplica desde el pasado 1 de enero.

De acuerdo a las estimaciones de Endesa, en Extremadura se verán afectados más de 170.000 contratos. Para 92.215 de ellos, la liquidación efectuada saldrá a cobrar, por un importe conjunto de 701.886 euros (7,6 euros por contrato, sin incluir el IVA, del 21%). Por contra, para otros 79.954 contratos la refacturación supondrá que se les va a devolver dinero. Percibirán en total 274.175 euros (3,43 euros de media).

La otra compañía con una mayor implantación en Extremadura, Iberdrola, comenzará a enviar los ajustes de facturación en julio. Aunque en el caso de esta eléctrica no se ha facilitado el número de clientes que se verán afectados en la región, a día de hoy cuenta con 122.000 usuarios adheridos a la tarifa regulada, la mayor parte de los cuales recibirán la refacturación. También otros que tuvieron contratada la PVPC en algún momento entre abril del 2014 y diciembre del 2016 con esta eléctrica, pero que ya no continúan con ella por haber pasado al marcado libre con esta o con otra firma.

A nivel nacional, el total de contratos afectados de Iberdrola es de 5,1 millones, con una regularización neta de 10,3 millones de euros (también sin IVA), con lo que se promediarán dos euros por contrato, incluyendo aquí tanto cargos como abonos a los clientes. «Esto es así porque con la nueva metodología el cobro por el término de potencia ha disminuido de 4 euros por kilovatio hora (kWh) a 3,1 euros por kWh. El resto va al término de energía, algo de lo que se benefician los clientes con menor consumo», se resalta desde Iberdrola.

BONO SOCIAL / Desde esta empresa se incide en que, para los clientes que en algún momento del periodo a regularizar hayan estados acogidos al bono social, el cálculo del nuevo importe incluye el correspondiente descuento del 25%. Además, la mayor parte de estos clientes tienen un consumo eléctrico bajo, por lo que muchos de ellos quedarán comprendidos en el colectivo de regularizaciones a devolver al cliente, se sostiene.

En Facua consideran que el impacto de la medida será mayor del que estiman las eléctricas. Desde esta organización de consumidores se asegura que el recibo de la luz de los usuarios más vulnerables puede llegar a inflarse más de un 50%. Este colectivo ha criticado que el Ejecutivo haya autorizado a las eléctricas a refacturar de golpe todos los consumos y a todos los usuarios, incluidos los que cuentan con el bono social, en teoría, los que pueden tener más dificultades para hacer frente a él. «La asociación viene recibiendo numerosas consultas de afectados, algunos de los cuales han visto cómo su recibo de mayo se ha incrementado en más de un 50%», ha resaltado.