De nuevo, la defensa de un imputado en el caso de presunta corrupción en el ayuntamiento ha sido cargar contra el trabajo del interventor municipal, también imputado. Ayer, fue la alcaldesa la que vino a decirle al magistrado del juzgado de Instrucción número 4, Jerónimo Cano, que Roberto Del Olmo no hizo bien su trabajo porque no puso los reparos necesarios a las obras presuntamente adjudicadas irregularmente, y defendió que "siempre hemos trabajado al lado de la legalidad vigente".

La alcaldesa, séptima imputada por presuntos fraccionamientos de obras para adjudicarlas directamente al constructor José Antonio Romero en lugar de sacarlas a concurso público, entró en el juzgado a las 8.50 horas, acompañada por su secretaria, su jefa de prensa y la concejala Carmen Blázquez, que estuvo también presente a la entrada y la salida como muestra de apoyo.

La declaración de Blanco duró tres horas y media --la de mayor duración hasta la fecha-- y, según pudo saber este periódico, mantuvo la misma estrategia que el concejal Francisco Barbancho --al que el magistrado ha denegado ahora su petición de excluirle del caso--, en el sentido de afirmar que no vio ninguna observación de las que el interventor plasmó en las propuestas de gastos y que, en todo caso, este debió poner reparos a las obras. Por tanto, le atribuye toda la responsabilidad.

Además, negó que Roberto Del Olmo le hubiera advertido verbalmente de las irregularidades, como el interventor afirmó en su día en su declaración. Precisamente, la actitud de la alcaldesa a la hora de contestar las preguntas del técnico, en el sentido de replicarle que él ya conocía lo que le estaba preguntando, le valió que el juez llamara la atención a Blanco para advertirle de que era el tribunal el que debía conocer las respuestas.

Ya a su salida del juzgado, la propia alcaldesa, a preguntas sobre la declaración inicial del interventor, respondió: "El interventor dice muchas cosas, pero cada uno debe hacer su trabajo bien porque, si no, las consecuencias pueden ser de espectáculo mediático". Además, señaló que los funcionarios deben ayudar a los políticos para estar al lado de la legalidad y "cada uno que haga su parte".

Precisamente, en la parte que corresponde a Del Olmo, este dijo en su momento y presentó pruebas de las observaciones plasmadas en las propuestas de gastos en el sentido de que se estaban fraccionando obras y que debían salir a concurso público por su cuantía. Estas quedaban plasmadas en el sistema informático habilitado para tramitar las obras menores, pero la alcaldesa dijo ayer que no utiliza el sistema informático sino que lo hace su secretaria, aunque su firma digital está en todas las propuestas de gasto como última responsable municipal. Además, las propuestas también se pueden imprimir.

Respecto a su secretaria, negó que alguna vez hubiera trabajado para el constructor José Antonio Romero, también imputado en el proceso, pese a que este lo reconoció en su declaración.

SISTEMA QUE AVISA Precisamente, este programa se habilitó en el ayuntamiento para hacer más fácil el procedimiento a la hora de tramitar las obras menores. Es una herramienta que además se mejoró en febrero del 2009 en el sentido de que, cuando hay observaciones del interventor, aparece una ventana en la pantalla que pregunta al usuario si, pese a esa observación, desea continuar y finalmente, si aprueba el gasto y en ambos casos hay que pulsar la letra S .

En todo caso, la alcaldesa se mostró irónica y, en alusión al ´caso Camps´, el presidente de la Comunidad Valenciana subrayó ayer que "no me han preguntado por ningún dinero, ni cuenta corriente, ni trajes pagados. Estamos hablando de procedimientos administrativos, diga lo que diga la acusación del PP y lo que a priori pueda considerar la Fiscalía".

La alcaldesa respondió ayer a preguntas sobre las siete obras que actualmente forman parte del proceso: piscina climatizada; aparcamiento de La Isla; pista de motocross; obras de mantenimiento en la ciudad deportiva; pista semicubierta de La Data, campo de fútbol de Los Pitufos y obras en el polígono industrial.

Estas dos últimas suponen un gasto global de unos 500.000 euros --las cuatro primeras suman unos 600.000-- y aparecen las firmas de Enrique Tornero, Mónica García, Blas Raimundo --en una factura del polígono-- y Pablo Sánchez del Mazo.