Los sindicatos CSI-CSIF y FSP-UGT están convencidos de que Extremadura necesita más funcionarios del Estado para prestar un servicio adecuado a los ciudadanos de la comunidad autónoma, en contra de lo que asegura el último informe del Ministerio de Administraciones Públicas. En concreto, este estudio, adelantado ayer por este diario, defiende que la plantilla de la Administración del Estado está equilibrada en la provincia de Badajoz y "sobredotada" en Cáceres, por lo que propone una redistribución del personal para reducir efectivos en la provincia cacereña.

Santiago García, secretario regional de la sección de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), señala que el informe elaborado por Administraciones Públicas es para empezar "incompleto y sesgado". En este sentido, explica que el Gobierno central ya tenía sus propias conclusiones al respecto y posteriormente "manipuló" los datos para que el estudio fuese en el mismo sentido.

Entre otras cosas, García recuerda que el informe toma únicamente los datos de cinco servicios, sin contabilizar, por ejemplo, los servicios sociales o Hacienda. El dirigente sindical destaca que aplica una fórmula matemática sin tener en cuenta la dispersión geográfica de Extremadura, "que afecta mucho", o que en la región hay muchas plazas que corresponden a funcionarios y están ocupadas por el personal laboral.

A su juicio, se trata de "una estrategia" para no realizar más contrataciones, al menos por la vía oficial, y conseguir que los presupuestos estatales respeten el polémico déficit cero . Y es que, añadió este sindicalista, "lo que está claro es que en Extremadura hace falta más personal".

PRIVATIZACION Mientras, Juan Carlos Monje, de CSI-CSIF, apunta que los datos que ofrece el ministerio "están todos mal", por lo que los sindicatos "ni siquiera vamos a discutir sobre ese documento". Además, tiene claro que está realizado con el único objetivo de justificar una mayor externalización de servicios, es decir, "la privatización de más servicios públicos", y ahí "siempre nos van a tener en contra".

Al igual que su compañero de UGT, Monje tiene claro que "no sólo no sobran funcionarios del Estado, sino que sobran", y recalca que para realizar las ratios de funcionarios por habitantes el ministerio ha cruzado los censos del 2001 con el número de empleados públicos de algunas secciones en el año 2003, con lo que "no puede ser".

El estudio en cuestión señala que es necesario reorganizar toda la plantilla de funcionarios estatales y suprimir los servicios que no se consideran necesarios al tiempo que se refuerzan los que se consideran prioritarios.

El ministerio considera que toda la zona norte y centro del país es excedentaria en lo que se refiere a efectivos públicos, pero por el contrario se detecta un déficit en el denominado arco mediterráneo.