No procede facilitar los datos solicitados al no existir en el presente caso una habilitación legal que prevea dicha cesión de datos". Esta fue la respuesta que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio recibió por correo electrónico el pasado viernes desde la Tesorería General de la Seguridad Social.

La secretaría general de dicha consejería solicitó el 8 de abril, por escrito, a este órgano los datos relativos a las personas físicas residentes en Extremadura que se encuentren afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios en el Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos con el fin de confeccionar el censo de electores para las próximas elecciones al campo. La propia Ley Agraria, aprobada el año pasado, obliga a la Administración regional a elaborar ese censo agrario de oficio con los datos de la Seguridad Social, que ahora se niega a ofrecer a la región, según la resolución publicada ayer en el DOE.

En esta, la Junta declara "la imposibilidad material de elaboración del censo provisional de electores, confeccionado de oficio y con carácter precio a la convocatoria para el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la comunidad". No obstante, la consejería garantiza que las elecciones al campo se van a celebrar. "Articularemos mecanismos adecuados con la Tesorería General de la Seguridad Social para que los datos puedan ser facilitados en tiempo y forma, mediante la celebración de convenio", señala este departamento.

TIEMPO Para las organizaciones agrarias se trata de un enredo más, que la Junta deberá resolver, puesto que es la única que puede elaborar ese censo con los datos de la Seguridad Social. Desde Apag-Asaja instan a la consejería a buscar los mecanismos oportunos para cumplir su cometido: "No es un riesgo para el proceso, hay tiempo si se aprueban la modificación de la ley". Desde COAG creen que es un lastre más pero confían en que se resuelva sin problemas y en UPA-UCE insisten en la necesidad de que la Seguridad Social ofrezca el listado de las personas inscritas en el régimen agrario de trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como debe obtener datos también del Fega y Hacienda para la elaboración de dicho censo que, a su juicio, tiene que estar conformado por los profesionales del campo inscritos en la seguridad social y las empresas destinadas a este sector.

Por su parte, La Unión dice que es una tomadura de pelo que no se pueda confeccionar el censo agrario porque estos mismos datos solicitados por la consejería han sido comunicados a otras regiones. "O la Junta no ha comunicado a la Seguridad Social que la Ley Agraria habilita dicha solicitud o bien este órgano no admite la legalidad de la Asamblea". Denuncia que es un intento de boicotear la ley "e impedir que 15.000 agricultores elijan a sus representantes".

Sobre el procedimiento como tal aún no hay fecha, aunque la Ley Agraria aprobada el año pasado por el Gobierno del PP daba como plazo el 26 de junio para la celebración de las elecciones al campo. Actualmente está en trámites parlamentarios la modificación de la ley impulsada por el PSOE para cambiar ciertos aspectos del régimen jurídico de estos comicios que no se celebran en la región desde 2002 y que podrían celebrarse en febrero del 2017. Estos cambios buscan evitar lagunas en el proceso. Entre ellos se plantean modificar el censo, que no tenga en cuenta a los perceptores que superen los 5.000 euros de la PAC, como fijó el PP, y que además se elimine el requisito para las empresas de acreditar una facturación mínima de 10.000 euros, entre otros. Las organizaciones piden "garantías democráticas" del proceso electoral, que no consulta como denomina la ley en vigor, y que se fijen instrumentos para defender los intereses del sector.