El sector del hormigón se presenta como un negocio seguro durante los próximos años en Extremadura, debido a las grandes obras de infraestructura que se van a llevar a cabo, sobre todo las autovías y el tren de alta velocidad. Por ello, no es extraño que los empresarios tengan unas "buenas perspectivas" en la región, donde actualmente trabajan 62 empresas y 90 plantas de producción, que generaron en el último ejercicio 1.271.000 metros cúbicos de hormigón preparado, el 85% de ellos a cargo de las 24 empresas y 53 fábricas agrupadas en la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop).
El director general de la asociación, Javier Martínez, insiste en la bonanza del sector en la región y en las buenas vibraciones en los próximo años por estas grandes obras. Sin embargo, no está tan convencido de que las cementeras previstas vayan a suponer un beneficio tan grande para el fabricante como se pueda suponer, porque la gran mayoría del cemento es de producción nacional.
Además, para que esas buenas perspectivas se traduzcan en realidad, las empresas del sector reclaman un mayor apoyo de las administraciones públicos, sobre todo a la hora de efectuar los pagos, y el reconocimiento a aquellas que posean el certificado de calidad.
En este sentido, en Extremadura sólo el 5% de las empresas agrupadas en este colectivo tiene este certificado que garantiza la calidad del producto, frente al 40% que en otras regiones como Andalucía sí poseen dicha garantía. "Pero no es que en las demás no sean productos de calidad, sino que no se valora la garantía de calidad", una cuestión que redunda en los costes y en la obra final.
COMPETENCIA Y MOROSIDAD
Al margen de estas cuestiones, los empresarios se encuentran con dos problemas añadidos: la competencia desleal y el retraso en los pagos.
Por un lado, Anefhop denuncia que sigue existiendo en el sector una competencia desleal que no es respetuosa con la profesionalidad empresarial, y lamenta que ayuntamientos y Junta concedan permisos a centrales productoras de hormigón que no deberían tenerlo.
Un segundo problema es que las constructoras pagan a sus administradores, y éstos a sus proveedores, hasta con doscientos días de retraso desde que se realizan los suministros. Esta cuestión quedará solucionada en breve, cuando entre en vigor en España la directiva comunitaria 2000/35/CE, de 29 de junio, que establece un plazo de pago, a no ser que haya un pacto entre ambas partes, de 30 días.
