El número de empresas extremeñas que formaron a sus plantillas mediante acciones bonificadas cayó casi en una quinta parte el año pasado. De las 9.977 que lo hicieron en el 2015 se pasó a 8.031 en el 2016, de acuerdo a los datos que maneja la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (Fundae). El año pasado fue el primero de aplicación completa de la Ley 30/2015 que regula el sistema de formación profesional en el ámbito laboral. «En este sentido, puede decirse que 2016 inaugura una nueva etapa en el sistema de la formación programada por las empresas», se indica en el informe de Fundae, en el que se añade que las comparaciones con otros ejercicios «deben interpretarse a la luz» de la entrada en vigor de esta nueva normativa.
En el 2016 también cayó el número de trabajadores formados en Extremadura, que pasó de 31.868 a 30.746, aunque sí hubo un repunte de los participantes (cada trabajador da lugar a tantos participantes como acciones formativas realice), de 41.146 a 44.610, lo que supone un incremento anual del 8,4%.
La ley 30/2015 puso fin a la exclusividad a la hora de gestionar los cursos por parte de organizaciones empresariales y sindicatos, abriéndose el sistema a la libre concurrencia de las entidades privadas, a la vez que aumentó el control sobre el uso de los fondos.
Las empresas formadoras en la región apenas suponen el 17,8% de las potencialmente beneficiarias (que son aquellas que cotizan por formación profesional en la Tesorería General de la Seguridad Social) frente al 22,6% que representaron en el 2015. El promedio extremeño está, además, cinco puntos por debajo del nacional.
«Nosotros ya advertimos al Gobierno central de los problemas que iba a acarrear la implantación de una ley que, evidentemente, lo que pretendía era quitar de en medio a los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a la patronal, en todo lo que es la gestión de la formación», resume Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), quien subraya además que la falta de desarrollo reglamentario de esta normativa ha derivado en «un cierto vacío legal» que ha generado «incertidumbre».
«La formación es un elemento fundamental y diferenciador a la hora de ganar productividad del capital humano y mejorar así la competitividad de nuestras empresas, que es la única vía que tienen para poderse mantener y crecer», arguye el responsable de la patronal extremeña, para quien a los agentes sociales «se nos ha barrido del mapa» de esta actividad «por cuestiones puntuales de fraude que también han ocurrido en otros sectores».
Atendiendo al tamaño de la empresa formadora, el grueso del descenso registrado en Extremadura se concentra en las microempresas, las de nueve trabajadores como máximo, que han pasado de 8.137 a 6.264 (23%), mientras que los participantes han caído de 10.088 a 7.682 (23,2%). Por contra, las 30 empresas con una plantilla a partir de 250 trabajadores que han dado formación en la región han aumentado significativamente la cifra de acciones desarrolladas (de 16.038 a 20.943 participantes, un 30,6% de auge)
En este sentido, Peinado incide en que las microempresas y las pequeñas empresas necesitan ser en muchos casos «incentivadas y ayudadas» para ejecutar el crédito del que disponen, tarea que se había venido desempeñado desde las organizaciones empresariales. «Esta labor llevamos sin hacerla año y medio y estas cifras son el reflejo de ello. Antes gestionábamos muchísimos planes agrupados de empresas. En ellos lo que hacíamos era liderar esa formación y encargarnos de todas las gestiones burocráticas para que luego estas microempresas pudieran deducirse los en torno a 450 o 500 euros a los que de media tienen derecho ». «El empresario bastante tiene con intentar mantener su negocio para además tener que gestionar la formación y los trámites burocráticos que esta conlleva», apostilla.
La ley también ha traído consigo un endurecimiento de las inspecciones y de las revisiones. «Es algo legítimo. Nosotros apoyamos cualquier tipo de control que intente evitar que haya cursos fantasma, los que no se hacen. Pero lo que estamos viendo es que un altísimo porcentaje de los expedientes son por defectos de forma. Por ejemplo, una factura que tiene un problema en la gestión o que no se han justificado adecuadamente los horarios», critica Peinado. Situaciones que llevan aparejados expedientes de reintegro y sanciones por parte de la Tesorería de la Seguridad Social que obligan a devolver las cuotas «aparte de un recargo del 20% más los intereses de demora». Esta excesiva rigurosidad, asevera, está desincentivando también la puesta en marcha de acciones formativas por parte de las empresas.
Tampoco fue positiva la evolución del crédito asignado para formación en Extremadura entre 2015 y 2016, que pasó de 7,8 millones a siete, ni la del porcentaje dispuesto sobre esos totales, que descendió desde el 80% al 75,3%. De esta forma, casi una cuarta parte de los fondos disponibles para las empresas en este ámbito no ha sido dispuesta. «Es una auténtica pena. Y vamos a estar vigilantes de cuál es el destino de esos remanentes, puesto que se trata de fondos finalistas y deben acumularse en una bolsa para el año siguiente, y no ir a parar a la caja común de la Tesorería de la Seguridad Social para darle otro tipo de destino», avisa Peinado.
Desde el 1 de enero de 2016, la formación bonificada puede desarrollarse mediante tres metodologías: presencial, teleformación y mixta, una vez que la nueva regulación suprimió la opción de la formación a distancia tradicional. A pesar del importante crecimiento de la teleformación, que concentra ya el 30,9% de los participantes, la presencial sigue siendo la modalidad a la que más recurren las empresas, con un 66% del total.
