Las empresas socialmente responsables disfrutarán a partir de ahora de beneficios fiscales o de preferencia en la adjudicación de servicios públicos. Esto se convertirá en una realidad gracias a la aprobación ayer, por unanimidad, de la Ley de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura. Esta premiará a aquellas empresas, que además de cumplir la normativa vigente, añadan valores medioambientales, sociales, laborales o de protección de los Derechos Humanos.

Además, recibirán ayudas específicas o publicidad externa de la propia empresa como RSE. La adopción de estas medidas será voluntaria y las evaluará el propio empresario, con la correspondiente verificación de una auditoría social externa.

Por otra parte, la Asamblea autorizó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura para adaptarla a la directiva europea.