Las empresas extremeñas que apuesten por la responsabilidad social tendrán beneficios fiscales en el tramo autonómico y prioridad en los concursos públicos de la Junta. Son dos de las novedades de la nueva Ley de Responsabilidad Social, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y presentó la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio.
Según explicó, la responsabilidad social será voluntaria, pese a la reivindicación de los sindicatos de hacerla obligatoria, porque es lo que más oportuno se ha considerado a lo largo de las negociaciones.
