Las empresas extremeñas dispondrán el próximo año de una ayuda global de 7 millones de euros para el fomento de la actividad empresarial en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, según la subvención aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, que también dió luz verde a la modificación de la ley de cajas de Extremadura.

El IV Plan Regional de I+D+i 2010-2013 se estructura en varios programas de actuación, cuya finalidad es incrementar la competitividad de las empresas extremeñas facilitando el desarrollo de productos y servicios como motor para aumentar la productividad.

Mediante la correspondiente orden se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las líneas de ayudas destinadas a empresas jóvenes innovadoras de base tecnológica; creación y consolidación de unidades de I+D en las empresas; ayudas a la participación en convocatorias nacionales y comunitarias en materia de investigación o desarrollo experimental e innovación; y ayudas para la investigación industrial. También se contemplan ayudas para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en organismos pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti); ayudas para el apoyo a la innovación tecnológica de las empresas; y para la asesoramiento tecnológico concertado entre empresas y organismos del Secti.

Por otro lado, el Ejecutivo regional ha dado su conformidad a la tramitación de la propuesta de ley de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Extremadura, presentada por los grupos parlamentarios socialista y popular al no implicar aumento de los créditos ni disminución de los ingresos presupuestarios. La modificación de la ley fue acordada en la última reunión mantenida entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; y el del PP extremeño, José Antonio Monago, el pasado 11 de noviembre, y que contempla un mandato de cuatro años para el consejero, la incorporación de una nueva representación del 5%, tanto para la Asamblea como para el Consejo de Administración, que determinará el Parlamento regional, y que la Junta pueda decidir sobre la conversión de las cajas en sistemas de integración o en fundaciones.

Asimismo, autorizó convenios con 24 municipios para el servicio de ayuda a domicilio, por importe global de 2,1 millones.