El 7 de octubre del año pasado el Congreso de los Diputados daba el visto bueno a la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, la primera norma de este tipo aprobada en un país europeo. Esta reforma legal afecta a siete ministerios y supone el primer intento de una Administración para abordar el problema de los malos tratos de forma integral, con medidas sanitarias, policiales, educativas y sociales, entre otras.

En el ámbito laboral, las mujeres maltratadas tendrán más facilidades a la hora de reducir su jornada o de solicitar un traslado de municipio. Además, las víctimas tendrán derecho a que se les reserve el puesto de trabajo y, en determinadas circunstancias, podrán percibir una ayuda económica. También tendrán preferencia a la hora de acceder a viviendas protegidas.

Por lo que se refiere a las medidas policiales y judiciales, se harán cursos de rehabilitación para los agresores, y se prevé la creación de unidades especiales tanto en la policía como en la Guardia Civil. A éstos se sumarán los nuevos juzgados y fiscales especializados en estos casos y la asistencia jurídica gratuita. La ley también prevé el agravamiento de las penas, de forma que las amenazas leves se podrán castigar con hasta un año de prisión y el juez podrá inhabilitar al progenitor para la patria potestad de los hijos hasta cinco años.

Otro punto importante es el de la prevención. Para ello los médicos de todo el país recibirán formación específica que les permita detectar de forma precoz un caso de maltrato. En este punto se incluyen nuevas medidas de control en la publicidad y los medios de comunicación y una revisión global de los libros de texto para incluir el respeto a los derechos y libertades fundamentales.