En el coto Santa Marta (en el término municipal de Santa Marta de Magasca, en Cáceres), lo normal es que a estas alturas ya tuvieran cerradas una veintena de cacerías. Lo normal hasta hace dos años, porque a día de hoy únicamente tienen confirmados dos ojeos. "La cosa está muy mal", lamenta su propietario, Olegario González. Calcula que el año pasado la actividad en su coto disminuyó entre un 65% y un 70% respecto al anterior, y que este la caída va a ser incluso mayor, de un 85% a un 90% respecto a hace dos años. González explica que son los clientes extranjeros los que "están salvando un poco la situación, porque este año los españoles, cero". De hecho, los dos grupos que tiene cerrados provienen de Suecia y Finlandia. En este contexto, ve como única solución para dar viabilidad al sector que se aligere de cargas fiscales a los cotos y que "se nos faciliten las gestiones".

En relación al primero de estos aspectos, José Luis Retamal, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Caza de Extremadura, explica que un empresario cinegético extremeño paga hasta seis euros por hectárea en un coto cerrado de caza mayor, frente a los 0,50 euros que se pagan en Andalucía, que es la siguiente comunidad más cara. Y en caza menor, se pasa de entre los veinte y cuarenta céntimos que se abonan en Andalucía a los entre "3,37 y 3,47 euros que se pagan aquí". "Partimos de unos gastos por perdiz que se mata que son tres euros superiores a cualquier otra autonomía", afirma. A esto hay que sumar, añade, los gastos por repoblación o las tasas veterinarias. "Así no hay forma de ser competitivos", dice. "Varios grupos portugueses me han preguntado precio y probablemente se acaben yendo a Castilla-La Mancha, que es más barata", recalca.