En la región existen 18 centros que atienden a niños menores de 3 años sin contar con la autorización necesaria para ello. Un estudio elaborado por ocho expertos de la Universidad de Vic, y cuyas conclusiones fueron publicadas ayer por el diario el País , señala a Extremadura como una de las diez comunidades autónomas cuya Administración reconoce la existencia en su territorio de guarderías ilegales. Fuentes de la Consejería de Educación aseguraron, sin embargo, que desde este departamento no se tiene constancia alguna de que en la región haya establecimientos de este tipo. "Para abrir un centro de educación infantil, tanto los ayuntamientos como las empresas privadas, tienen que pedir autorización a la consejería, que manda a sus técnicos para que verifiquen que ese local cumple con los requisitos necesarios y poder autorizarlo", se limitaron a explicar las mencionadas fuentes. Una afirmación que contrasta con la de los autores del informe, que dicen haberlo realizado gracias a los datos aportados por los diferentes gobiernos autonómicos.

El estudio Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda , que fue elaborado por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, deja a las claras dos cosas. Una, que la actual oferta de plazas para atender a menores de tres años en España está muy lejos de cubrir la demanda. La otra, que este desfase se está tratando de acortar con criterios basados mucho más en la cantidad que en la calidad de los centros. En el caso de Extremadura, el informe estima que las 7.457 plazas existentes apenas si cubren el 46% de la potencial demanda (16.195 niños).

Los locales sin autorización de los que habla el estudio --399 en toda España-- incluyen pisos de particulares en los que los niños aguardan a que sus padres acaben la jornada laboral, guarderías ilegales ubicadas en los mismos lugares de trabajo o ludotecas empleadas de forma inadecuada. "La función que se le está dando a las ludotecas no es la que le corresponde. Hay padres que los llevan allí de ocho de la mañana a una de la tarde, cada día, los cinco días de la semana. Es en este sentido en el que son ilegales", sostiene Montserrat Benlloch, una de las autoras de este trabajo.

Pero no es éste el perfil de guardería irregular que estaría funcionando en Extremadura. Según el estudio, desde la Junta se habría admitido que en la región hay locales que asumen las tareas de centros de educación infantil pero cuya licencia municipal ha sido concedida para otra actividad.

"Muchas escuelas y guarderías municipales que están surgiendo son de muy mala calidad. A menudo los ayuntamientos recurren a los servicios de una empresa privada, pero nadie controla o vigila lo que pasa allí. El ayuntamiento se limita a pagar", declara Montserrat Benlloch.

Esta profesora de Psicopedagogía de la Primera Infancia descarga de culpa a los padres: "Muchos de ellos, y pienso en la generación que ahora tiene 30 años, están desesperados, sobre todo cuando son los dos los que trabajan. ¿Qué haces con los críos?. Antes se los llevabas a las abuelas, pero es que ahora ellas están igual de ocupadas", argumenta.

Por lo que respecta a la inspección de estos centros educativos, el informe encargado por el Ministerio de Trabajo incluye a Extremadura entre las cinco comunidades que solo controlan los centros ya autorizados. "Los centros que existen son los que tenemos autorizados. Los que no existen , no se pueden inspeccionar", se justificó ayer desde la Consejería de Educación.

Otra de las dificultades que se apuntan es la de la escasez de profesionales cualificados. "El problema es que no hay maestros. Muchos profesionales han hecho un segundo ciclo formativo de FP, pero contar con maestros es un indicador de calidad", dice Benlloch.