Las barreras administrativas o las prohibiciones legales para la creación de nuevas grandes superficies comerciales o hipermercados son perjudiciales para los consumidores, según las conclusiones de una novedosa tesis doctoral --es la primera vez que se realiza un estudio de estas características en la región-- elaborada en la Universidad de Extremadura sobre la protección jurídica de los consumidores y usuarios.
El freno a los centros comerciales limita "de forma decisiva la libertad de elección de los consumidores y usuarios", incide el trabajo, ya que, en muchos núcleos de población tan sólo existen uno o dos establecimientos comerciales de este tipo que, "bien por ser del mismo grupo empresarial, o por establecer pactos de hecho de no competir entre sí, producen el efecto de falsear o anular la competencia".
Los consumidores se ven así obligados a adquirir los productos de primera necesidad a más alto precio y en peores condiciones que si existieran varios establecimientos en auténtica competencia, indica Angel Acedo, profesor de Derecho Civil y Derecho de Consumo de la Uex y autor de la tesis doctoral, que ha recibido la calificación de sobresaliente cum laude .
LA PUBLICIDAD Como ejemplo, Acedo señala que las grandes superficies elaboran folletos publicitarios exclusivos y con los precios más caros para las zonas en las que no tienen competencia. Es decir, comprar un producto en Extremadura puede ser mucho más caro que en Madrid.
Por otra parte, el estudio destaca que el derecho de protección a los consumidores en Extremadura está a un "nivel aceptable" dentro de las competencias que tiene la Administración regional. Existe, según Acedo, una regulación eficaz en esta materia, "aunque no hay un cumplimiento adecuado de la normativa, harían falta mayores dotaciones y medios para llevarlo adelante".
El autor de la tesis sostiene que en la solución de reclamaciones del usuario, el sistema arbitral de consumo funciona "muy bien" en Extremadura, pero, "pese a sus inagotables ventajas y escasos inconvenientes, no es la panacea", ya que requiere que el empresario se someta voluntariamente a este arbitraje, pues si no lo hace "priva de toda eficacia" a este sistema.
El estudio propone que desde la Administración regional se elaboren medidas de estímulo e incentivo "con atractivas ventajas" a las empresas y profesionales que se adhieran anticipada y voluntariamente al sistema arbitral de consumo, mediante bonificaciones fiscales, subvenciones u otro tipo de ayudas.
Por último, propone una modificación legislativa a fin de ampliar el concepto de consumidor y dar protección también a pequeños comercios, agricultores y artesanos, entre otros.
