Extremadura recurrirá ante el Tribunal Supremo la multa 79 millones de euros relativa a la cuantificación de la superficie de pastos que conllevan ayudas de la Unión Europea, según ha anunciado hoy la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy nueve resoluciones en las que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) precisa la multa que corresponde a nueve comunidades autónomas a propósito del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La cuantía de la multa comunitaria, que asciende a 262,8 millones de euros, la asumirán las comunidades autónomas, según el acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero.
La multa más abultada corresponde a Extremadura (79.740.309,96), seguida de la de Andalucía (69.509.696,47 euros), Castilla y León (58.030.003,90), Castilla-La Mancha (33.160.317,06), Comunidad Valenciana (4.958.450,97), Cantabria (6.417.977,68), Asturias (2.338.442,36), Aragón (441.099,01) e Islas Baleares (204.604,30).
La sanción se refiere a los pagos de las ayudas de pastos del periodo 2010/14 y se debe a que la Unión Europea considera que la extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones en España es menor a la declarada.
La Comisión Europea impone la multa al Estado español, que la ha derivado a las comunidades autónomas, ha señalado la consejera extremeña a pregunta de los periodistas en un acto en Cáceres.
"Extremadura va a pelear esta sanción como ya lo hizo con la anterior", ha aseverado García Bernal.
En esta ocasión se refiere a las campañas de la Política Agraria Común (PAC) de 2010, 2011, 2012 y 2013 en relación con la cuantificación de la superficie de pastos.
Pero el Ministerio de Agricultura ya derivó otra sanción a la Junta de Extremadura de 10 millones respecto a los años 2007 y 2008, ha precisado la consejera.
"Consideramos que debe ser el Reino de España quien pague la sanción porque, además, es a él a quien Europa pone la multa y luego ellos la derivan a las comunidades autónomas", ha subrayado.
Además del recurso ante el Tribunal Supremo, la Junta, ha indicado García Bernal, ha presentado ante el Ministerio y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo una modificación para el futuro de la PAC en la dehesa.
A su juicio, el problema está en que según los reglamentos de la Unión Europea y la aplicación que ha hecho el Estado, "no han contado los pastos de debajo de las encinas, cuando allí pastan todos los animales de la dehesa".
"Nos equiparan a un bosque nórdico y no tenemos nada que ver", ha concluido la titular de Agricultura.
