Unos 3.000 euros por cada año de trabajo en la Asamblea; es decir, 12.000 euros por una legislatura. Ese es el ‘paro’ que percibirán los diputados extremeños cuando dejen su escaño si no tienen ninguna otra fuente de ingresos y hasta encontrar un trabajo. Es el modelo de las Cortes de Aragón que ahora copia la Cámara extremeña a propuesta de Podemos y que no está exento de polémica entre la ciudadanía. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo y aprobarán el próximo 25 de julio en el Pleno del Parlamento una enmienda de la formación morada (modificada junto a los demás grupos) al Reglamento de la Asamblea para tener derecho a percibir una «contingencia de desempleo» cuando dejen sus funciones parlamentarias si no tienen otros ingresos al margen de la política. En la actualidad, más del 90% de los diputados extremeños tienen dedicación exclusiva, por lo que cobran solamente de la Asamblea.

La enmienda en cuestión dice lo siguiente: «Hasta que en el convenio especial con la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo, los diputados y diputadas, al perder la condición de tales por extinción del mandato, podrán percibir una asignación económica de carácter temporal para su adaptación a la vida laboral o profesional en los términos que acuerde la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, que será incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso económico, retributivo o asimilado. La duración y las condiciones de esta asignación se asimilarán en lo que resulte posible a la regulación general de la contingencia de desempleo». Es una copia literal del texto que recoge el artículo 28.7 de las Cortes de Aragón, aprobado hace junto un año., aunque en el caso de Extremadura no se han incluido finalmente los derechos adquiridos, como sí figura en el reglamento aragonés. Allí, la cuantía que perciben los exdiputados es de 3.000 euros por cada año de trabajo parlamentario, con un máximo de 18 pagos.

Todos lo comparan con el paro que cobra cualquier trabajador que haya perdido su empleo, la diferencia está en que los diputados no cotizan para tener derecho a esa prestación por desempleo, sino solo por sanidad. Ya solo queda que la Mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces fijen la cuantía y el tiempo de la prestación.

La enmienda inicial de Podemos ha sido modificada con el acuerdo de los demás grupos parlamentarios, sigue todos los parámetros fijados en el texto de las Cortes de Aragón, salvo en la inclusión de los derechos adquiridos, para, entre otras cosas, evitar las denominadas ‘puertas giratorias’, es decir, la tentación de una vez se ha tenido contacto con empresas privadas en el ejercicio del cargo, se entre a trabajar en ellas al dejar el escaño.

PARO DE CUALQUIER CIUDADANO // Todos los grupos argumentaron ayer que se trata de asimilar a los diputados a cualquier otra persona que genera derecho a paro en su puesto de trabajo, con la diferencia de que los parlamentarios no cotizan a la Seguridad Social para ello. La cuantía máxima que cobra un ciudadano normal en la actualidad tras quedarse sin empleo oscila entre los 1.100 y los 1.411 euros mensuales dependiendo del número de hijos.

Actualmente están incluidos en la prestación por desempleo los miembros de las corporaciones locales y diputaciones provinciales; los miembros de las Juntas Generales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, los miembros de los cabildos insulares canarios y los consejos insulares de baleares, y los altos cargos de las administraciones públicas que no sean funcionarios. En todos estos casos, solo se pueden solicitar las prestaciones por desempleo si no van a recibir retribuciones, indemnizaciones, pensiones o prestaciones compensatorias como consecuencia de dejar su actividad pública.

PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos insisten en que han aprobado por unanimidad esta reforma del reglamento de la Asamblea dado que actualmente los diputados que cesan, pero no tienen trabajo, no tenían derecho al desempleo.