Patronales, bodegas, cooperativas, viticultores, autonomías y denominaciones de origen esperan con expectación la decisión del Ministerio de Agricultura sobre la superficie que se concederá para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo destinadas a cava en 2018. El departamento que dirige Isabel García Tejerina tendría que haber tomado la decisión antes del 15 de diciembre, pero debido a la complejidad del expediente se ha retrasado al 2 de enero.

En líneas generales, la norma europea plantea que la superficie que se podrá conceder para autorización de nuevas plantaciones debe ser superior al 0% y como máximo del 1 % de la extensión de viñedo nacional a 31 de julio del año anterior. Hay disparidad de criterios y, por ejemplo, las cooperativas que operan en regiones del norte de España defienden cierta continuidad respecto a los dos años anteriores (0,42-0,50%), pero las de Extremadura, La Mancha y Comunidad Valenciana piden llegar hasta el máximo permitido del 1%.

Las organizaciones agrarias abogan por que se mantenga un status quo similar a 2017, sobre el 0,50% (se traduciría en que podrían plantarse alrededor de 5.000 hectáreas nuevas); y las patronales del mosto, del vinagre, los destiladores de alcohol y la Asociación Empresarial Vinos de España miran al 1%.

La Federación Española del Vino reclama, por su parte, la modificación de los criterios de prioridad para que las bodegas no se vean discriminadas; las DO, a las que se les reconoce su potestad para autorregularse, están muy pendientes también de la resolución. En el caso de del cava, su Consejo Regulador aboga por limitar las plantaciones de uva con destino a este espumoso en 0,1 hectáreas entre 2018 y 2020, propuesta basada en la recomendación de un estudio de las Universidades de La Rioja y Rovira i Virgili de Tarragona. Esta postura quiere «proteger los intereses de todos los operadores inscritos en la DO para evitar el riesgo de oferta excesiva de productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado para el cava y su devaluación significativa de la marca cava por exceso de oferta de uva-vino», explica el Consejo Regulador, pero contra ella ya se ha manifestado el sector extremeño, que quiere seguir creciendo, e incluso se han aprobado dos resoluciones en la Asamblea de Extremadura.