La Delegación del Gobierno ha expedientado a decenas de vecinos de Villafranca de los Barros --algunas fuentes apuntan a que la cifra final podría alcanzar las 150 personas-- por concentrarse ante el ayuntamiento y lanzar a los concejales "gritos reivindicativos" contra la refinería del Grupo Gallardo. En concreto, en los expedientes se señala que estas personas "destacaron por los silbidos y abucheos" que dirigieron a los ediles, "susceptibles de provocar una alteración de la seguridad colectiva".
En este sentido, el escrito de la Delegación asegura que se trata de una "infracción grave" prevista en la ley orgánica sobre protección ciudadana, por lo que las sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 30.000 euros. El documento, hecho público ayer por el presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, apunta que la Administración cerrará el expediente a cambio del pago de una sanción de 301 euros.
Según ha podido confirmar este diario, estas denuncias se refieren a las concentraciones ciudadanas que en los últimos meses se vienen produciendo después de cada pleno municipal en el que se aborda algún punto relacionado con la refinería. De esta forma, hay vecinos a los que se les ha abierto más de un expediente sancionador. Sin embargo, los denunciados aseguran que en ningún momento fueron identificados en esas concentraciones --que insisten en que se produjeron de forma espontánea-- por agentes de la Guardia Civil o de la policía local, por lo que no entienden por qué se les ha expedientado.
IDENTIFICACION Un documento al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA, y que está firmado por el jefe de la policía local de Villafranca, revela que fue el alcalde de la localidad, Ramón Ropero, el que ordenó a los agentes municipales que remitiesen a la Guardia Civil un listado "de las personas que fueron identificadas en la Plaza de España de esta ciudad" con motivo de una de esas reuniones. De esta forma, es la policía municipal la que pide a la Benemérita que "le dé traslado --de esa lista-- a la Delegación del Gobierno".
Uno de los afectados es Benito García Calle, que se mostraba "sorprendido" por los escritos --a él le han abierto dos expedientes-- e insistía en que no ha insultado, ofendido ni agredido a nadie. Calle puso en duda la constitucionalidad de la medida adoptada por la Delegación del Gobierno, "que recuerda a regímenes anteriores". A su juicio, le quieren sancionar porque la plataforma contra la refinería "ha conseguido una movilización sin precedentes".
En el mismo sentido se expresa otro de los afectados, Antonio García, quien es aún más rotundo: "La Delegación me imputa hechos que no son ciertos". Declara que se siente "indefenso" porque "la razón no te vale y las instituciones no te responden". A la hora de adoptar medidas, avanzó que espera tener una reunión con el resto de los expedientados para tomar una postura común.
REACCIONES POLITICAS Para Carlos Floriano se trata "del ataque más frontal a la libertad de expresión que se ha hecho en Extremadura en los últimos años". El dirigente popular culpó directamente de los hechos al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al que tachó de "asesino de la libertad de expresión", y habló de "fascismo" y de "represión pura y dura". Sobre la postura de los populares sobre la refinería, lanzó un nuevo mensaje: "Así no".
La consejera portavoz de la Junta, Lola Pallero, calificó de "solemne tontería" que pueda culparse a Ibarra por estos hechos y aconsejó a Floriano "unas vacaciones". Por su parte, el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, negó haber iniciado él estos procedimientos sancionadores que, según él, están "al amparo de la ley". Así, mostró su apoyo incondicional a la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira ("ratifico lo que haga").
Mientras, la Delegación del Gobierno remitió un escrito en el que defiende que los expedientes de este tipo deben ponerse en marcha, según marca la ley, cuando hay manifestaciones o concentraciones no comunicadas, cuando se alteran los recorridos fijados o cuando se increpa o insulta.
Como ejemplo, cita los que se iniciaron contra ciudadanos que increparon a concejales del PP en Talavera la Real en mayo del 2004; o los abiertos el pasado 21 de julio por las manifestaciones a favor y en contra de la refinería celebradas durante la visita de Ibarra a Almendralejo.
