Alfonso Serrano, profesor de Derecho Civil de la UNED, considera la Ley de Dependencia esencial, pero advierte que, debido a su elevado coste, se irá aplicando gradualmente.Este profesor antes de la ponencia en el curso de verano 'Un nuevo reto social: la atención a las personas con dependencia y/o discapacidad', celebrado en Mérida, indicó que esta nueva norma se aplicará en primer lugar a las personas que más lo necesiten y, poco a poco, al resto.En España, siete millones de personas superan los 65 años, de los que un 32 por ciento tiene alguna discapacidad, por lo que concede gran importancia a esta ley, según manifestó Serrano a Europa Press. Además, opinó que la incorporación de la mujer al mundo laboral supone otro inconveniente para la persona con dependencia, pues en la actualidad los dependientes no pueden ser atendidas por sus familiares, como se hacía antes. No obstante, el coste se presenta como la mayor complicación para su ejecución, aunque aún no se ha hecho un cálculo exacto del dinero necesario.El Estado será el que aporte parte de la financiación de esta ley, pero las autonomías tendrán una cuota "importante" y también se pretende implicar a las corporaciones locales "para financiar la ayuda a esas personas". Por su parte, el profesor tutor de Derecho Civil de la UNED, Víctor Amaya, explicó que el nuevo modelo de familia, que ha pasado de ser patriarcal a permisivo, y unido a la incorporación de la mujer en el mundo laboral, da lugar a esta ley, ya que “conjugar el libre desarrollo de la persona con las obligaciones familiares es bastante difícil porque prevalece un poco una actitud bastante egoísta”, señaló el profesor. Por todo ello, Amaya considera que la sociedad se encuentra ante “un problema de envergadura social” y en el que debe intervenir el Estado porque, a su juicio, esta nueva ley se constituye como el cuarto pila del Estado del Bienestar.